Llego agosto, mes de la Pachamama para agradecer a la madre tierra, la naturaleza todo lo que nos da, alimentos para esta vida.
Así como lo indica el calendario agrícola, se prepara la tierra para la próxima cosecha. Por eso este mes, abrimos la tierra, haciendo un pozo para celebrar al mediodía y ofrendar a la tierra con respeto corpacheamos con nuestros afectos.
Desde anoche el olor al sahumerio con mirra, koha, se sentía en las casas para limpiar y energizar los espacios que compartimos con la familia.
Desde hoy y todo el mes se realizará el tradicional ritual que celebramos, un mes de reflexión, de conexión con la naturaleza con los cuatro elementos: tierra, aire, agua y fuego.
Pero lejos de la interpretación de los pueblos milenarios está el gobierno de Morales. La ceremonia de la Pachamama que este gobierno “institucionalizó” con un feriado y le puso rótulo de capital de la Pachamama a Jujuy, a los campeonatos, a una tarjeta de crédito y a su plan de gobierno, no es más que una ofensa. Solo es señal que usa a la Pachamama para la foto, los colores, las comidas, pero no ha logrado conexión para cuidar la tierra.
La Pachamama no necesita una ley, ni un decreto para celebrar. Necesita respeto, necesita que, como hijos de la tierra la cuidemos.
El gobierno se esconde detrás de la palabra Pachamama y así invade a las comunidades originarias y avanza con la megaminería. La doble moral y el cinismo de un gobierno.
A modo de ejemplo: a principios de 2019, las comunidades indígenas de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc se mantuvieron en alerta ante el avance de empresas para la extracción de litio, todo ello, con permiso otorgado por el gobierno provincial que no respetó las leyes nacionales e internacionales vinculadas con la Consulta Previa, Libre e Informada que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Situaciones similares se produjeron en pueblos de la quebrada y puna, donde los proyectos mineros sólo pueden realizarse con el despojo de las tierras a las comunidades.
La estrategia de la gestión Morales para lograr hacerse de estos territorios fue dividir a los pueblos originarios: en diciembre de 2019, las comunidades de Alonzo y Molulo pusieron un portón sobre la ruta 18, con el cual impidió su uso a la comunidad de Querusiyal y todas aquellas que habían rechazado el trazado de la misma, al afectar las tierras donde pastoreaban su ganado.
“El portón lo pusieron ellos porque dijeron que firmaron un convenio con el gobierno, y los que han firmado esta autorización para realizar el camino, tienen derecho al camino y el resto de las personas no tenemos derecho de usar esa ruta porque no firmamos con el gobernador”, señala por aquel entonces Hortencia Colque, presidenta de la comunidad de Querusiyal.
Lo mismo se pudo ver en las celebraciones por el día del aborigen en la región del ramal, donde el gobierno sólo invitó a comunidades guaraníes “oficialistas”.
En todos los casos, el gobierno apuntó contra las comunidades que no sólo defienden sus tierras, sino los modos de producción sustentables.
Así, el uso simbólico de la Pachamama y sus rituales por parte del gobierno provincial busca demagógicamente congraciarse con aquellos a los que en los hechos les quita derechos. Como cuando pretende expropiar terrenos de comunidades originarios por sumas miserables. O cuando avanza con la explotación no sustentable del Litio consumiendo el agua, vital para la supervivencia de pueblos originarios puneños cuyos reclamos ignora.
Un gobierno que violenta la Pachamama en su dimensión más amplia como integridad de madre tierra y pueblo, cuando irrumpe e infiltra con prácticas dictatoriales las organizaciones sociales que buscan restituir la dignidad de los más vulnerables.
El uso discursivo y vacío por parte de esta política de la Pachamama configura otra violenta irrupción de parte del gobierno sobre el preciado patrimonio cultural del pueblo jujeño.