Presencialidad o no presencialidad en la educación: una mirada desde los derechos humanos

Evitando la falsa dualidad entre presencialidad o no presencialidad educativa, lo primero a discutir es el presupuesto destinado a tecnología e  infraestructura, pues implica preguntarse ¿cuáles son los avances logrados en términos de conectividad universal, gratuita e irrestricta, orientada a los sectores populares? 

En la investigación “Las voces de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en contextos de pobreza y de movilidad humana en Argentina. Efectos secundarios del COVID 19 en el acceso a sus derechos”, fueron consultados 575 NNAyJs de barrios populares de 16 provincias de nuestro país si tenían acceso a internet. A nivel nacional, el 3% contestó que no. Sin embargo, ese porcentaje asciende al 13% entre las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de los barrios populares del NOA. 

La falta de acceso a dispositivos se conjuga también con la falta de acceso a una conectividad estable. Sólo el 55% de los NNAyJs consultados tiene wifi en la casa, el 29% usa los datos de celular y el 11% usa wifi externo al hogar o comparte. Mientras el 3% de los NNAyJs dijo no tener acceso a internet, ese % aumenta entre los NNAyJs en contexto de pobreza del Noroeste de Argentina y entre los NNAyJs en contexto de movilidad humana consultados, entre quienes llega al 13% y 14%, respectivamente. De ese total de quienes no tienen acceso a internet, el 76% son mujeres.

Por todo esto Andhes, en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil, presentamos una acción de amparo contra el estado provincial a fin de que tome todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a dispositivos tecnológicos, herramientas digitales e internet mediante una conectividad adecuada de los barrios populares y comunidades indígenas de Tucumán.

Pero a partir de esta pregunta, que interpela a la virtualidad educativa, surgen otras: en caso de la presencialidad, ¿Cómo se aplicarán los protocolos de cuidado y actuación ante casos de contagio? Tomando en cuenta las condiciones en que se encuentran las escuelas, los protocolos no deben limitarse a una declaración de buenas intenciones, sino contar con herramientas y recursos disponibles para llevarlos a la práctica. 

Entonces ¿qué respuestas habría frente a la situación de un docente contagiado?, ¿cuáles son las capacidades de testeo para la población masiva que habita las instituciones educativas?, ¿Qué se prevé para un traslado y transporte seguro? y finalmente, ¿cómo se evalúa la itinerancia docente?

Pero también la cuestión pedagógica es central a fin de superar improvisación y voluntarismos. Desde ese lugar, es urgente reconocer los esfuerzos realizados por la comunidad educativa a lo largo de 2020. No es cierto que “no hubo clases” ni procesos de enseñanza y aprendizaje. Con dificultades y atravesados por la desigualdad, fue la tarea central asumida por docentes, estudiantes y familias desde la virtualidad. Razón por la cual debemos preguntarnos: ¿cómo evaluaron lo actuado funcionarios, directivos y colectivo educativo? ¿Cuáles fueron las principales conclusiones extraídas a nivel local y nacional? ¿Qué respuestas ofrecen a quienes viven en contextos de mayor vulnerabilidad?

Si se quiere aplicar un modelo pedagógico bi-modal o mixto, se requiere Formación Docente y equipos de especialistas en Educación a Distancia desempeñando tareas específicas en las escuelas. No necesitamos un docente “superhéroe” sino inversión en políticas educativas que contemplen el nuevo escenario social, sanitario, pedagógico, comunicacional y económico que marca la relación docente-estudiante-comunidad en contexto de pandemia. 

Además, es fundamental preguntarnos: ¿qué enseñar y para qué? Ello implica repensar la significatividad y pertinencia de los saberes, potenciando un rol docente reflexivo, distante de una concepción educativa tecnocrática. Una demanda histórica de la escuela, sobre todo en estos tiempos. Para esto, resulta fundamental escuchar las voces de equipos directivos, docentes y estudiantes, cuestión que debe ser respetada en la agenda educativa.

Cabe destacar, como lo hicimos al inicio de la pandemia, que es un imperativo poner en valor una educación de calidad y el rol de la escuela como espacio público de contención y denuncia de vulneraciones de derechos que sufren NNyAJs. Como colectivo social y cultural que habilita diálogos e intercambios de experiencias, sentidos y significaciones, apoyamos una presencialidad como proyección gradual, progresiva y consensuada a partir de un Estado presente, con políticas públicas y presupuestos respetuosos de los Derechos Humanos, que atiendan a los sectores tradicionalmente excluidos en sus diferentes realidades.

Como se puede apreciar, se trata de superar la falsa antinomia planteada y comprender el momento que vivimos, a fin de reconocer y recuperar los esfuerzos realizados, sabiendo que la lucha contra la pandemia no es solo sanitaria, sino también política e ideológica.