"Si no se puede el indulto que se pueda la intervención"

*Por Cynthia García y Pablo Di Pierri

Alberto Fernández tuvo un gesto reparador con Milagro Sala, en medio de una persecución política y judicial contra la dirigenta de la Tupac Amaru que llega incluso hasta el borde de la cama del sanatorio Los Lapachos, en San Salvador de Jujuy, donde se encuentra internada. Ya se dijo hasta el hartazgo, pero la Policía de Gerardo Morales hostiga a Milagro hasta dentro de la sala de terapia, mientras recibe tratamiento médico y cuenta con el acompañamiento de sus familiares y amigxs.

La visita del Presidente sacudió la agenda mediática. Su pronunciamiento acerca de las lesiones al estado de derecho jujeño, las arbitrariedades del Poder Judicial provincial y la parsimonia perversa de la Corte Suprema para no resolver ante el reclamo de los abogados de Milagro fueron al límite de sus atribuciones como primer mandatario. Aunque para algunos sepa a poco, para el poder real es injerencia.

Y antes de continuar con lo que puede o no puede hacer el Jefe de Estado, permítase una digresión: pantallas televisivas, emisoras radiales y portales de noticias eran ayer un festival de resentimiento de clase. En TN, por citar un ejemplo emblemático, se referían a Milagro como "una chorra", sin trepidaciones ni ponerse coloradxs.

Las tapas de los diarios opositores hoy refieren el viaje de Fernández a Jujuy como un despropósito. Y la carta de Gerardo Morales, gobernador y carcelero de Milagro, es un canto al cinismo y la mentira. Por un lado, atribuye a la líder de la Tupac y a la organización toda la presunta violación a los derechos humanos en su provincia. Por el otro, omite que reformó el Supremo Tribunal de Justicia de Jujuy no bien asumió la gobernación y puso a legisladores que le respondían y votaron la reforma como magistrados de ese tribunal, con el único propósito de encarcelar a Milagro con causas inventadas.

Lo dejó en claro ayer el Presidente: en Jujuy no hay estado de derecho. Y justamente por eso, queda una carta política para jugar, ya no en favor de la dirigenta perseguida sino de la sociedad jujeña -que puede, incluso, votar mayoritariamente a su verdugo por influjo de una concentración mediática nefasta y un pacto entre el propio Morales y la conducción del PJ local, en manos del diputado Rubén Rivarola, a la sazón, socio de Morales en diversos emprendimientos. Sin ir más lejos, Rivarola es dueño del diario El Tribuno de Jujuy.

La carta que le queda al Gobierno nacional para terminar con la injusticia sería la de la intervención federal del Poder Judicial jujeño, viciado de nulidad desde el inicio de la gestión de Morales y colonizado por su celo represivo.

El 19 de febrero de 2020, el senador jujeño por el Frente de Todos Guillermo Snopek presentó un proyecto para intervenirlo. El expediente ingresó a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta pero el aislamiento social, preventivo y obligatorio de la pandemia durmió el proyecto. Retomarlo es un mandato urgente.

El artículo 6º de la Constitución Nacional establece, textualmente, que "el gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno".

Y el inciso 2º del artículo 4º de la Ley de Reglamentación de la Intervención Federal establece, entre otras consideraciones, que se entenderá que se ha alterado la forma republicana de gobierno cuando las autoridades locales hubieran violado *"la división de poderes, la independencia del Poder Judicial, la prestación del servicio de justicia"*.

Según este mismo reglamento, la intervención federal sólo puede ser dispuesta por el Congreso de la Nación, salvo que las cámaras estuvieran en receso. Y aún en caso de que así fuera y la intervención fuese impulsada por el Presidente, el Congreso debería ratificarla para que rigiera.

Talla aquí, entonces, la neutralización política de un Congreso sitiado por la derecha dentro y fuera del recinto. Sería deseable que para no caer en el cálculo amarrete de la correlación de fuerzas, las organizaciones libres del pueblo y la coalición oficial empujara con guapeza y de una vez por todas la frontera de lo posible.

La prisión de Milagro vulnera la integridad moral de todos. La prisión de Milagro disciplina a los que luchan. La prisión de Milagro reedita la saña oligárquica del ejército roquista en el siglo XIX con el sofisticado lawfare de las exangües democracias liberales de esta nueva centuria.

Si Milagro no es libre, Argentina seguirá siendo una penitenciaría de los que no se rinden a la desigualdad.