Trabajadores azucareros en la mira de Macri y Morales

Los obreros y empleados azucareros del NOA padecieron y siguen padeciendo las políticas laborales del presidente de la Nación y del gobernador de Jujuy. Desde diciembre de 2015 hubo miles de despedidos, recortes de derechos y altísimos niveles de explotación.

La política expoliadora de las patronales azucareras del NOA ha tomado ya un rumbo que convierte al trabajo asalariado en un sistema semi esclavista del siglo XXI. Con el aval del gobierno nacional y la complicidad de gobiernos provinciales aliados, los despidos masivos y por goteo, más el cierre de empresas, han sido una norma no escrita en una de las principales industrias del norte argentino.

Con el eufemismo de la denominada “reforma laboral” como pantalla se han cercenado derechos adquiridos hace décadas por los trabajadores del sector, se dejó sin trabajo a miles de argentinos y se ataca de manera frontal a las organizaciones sindicales que los representan.

Un caso paradigmático fue el del Ingenio San Isidro, el más antiguo del país, ubicado en la localidad de Campo Santo, a cincuenta kilómetros de la capital salteña. Allí, la multinacional de origen peruano conocida como Grupo Gloria decidió en enero de 2018 el cierre total sorpresivo, dejando en la calle a sus 730 trabajadores a quienes ni siquiera se les pagó la totalidad de las indemnizaciones fijadas por la legislación argentina. Tras casi un año de protestas e incertidumbre y con un elevado costo social para toda la población de la región, un grupo empresario tucumano adquirió la empresa y tomó a menos de la mitad de sus empleados bajo condiciones paupérrimas basadas en la amenaza del desempleo. Poco después de hacerse cargo, la nueva patronal arremetió contra el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar San Isidro (SOEASI) promoviendo la lisa y llana desaparición de la organización sindical mediante aprietes explícitos a sus trabajadores a quienes obligaron a firmar su desafiliación con el fin de formar un sindicato fundado por los propios patrones.

Al respecto, Mariano Cuenca, Secretario General del SOEASI, anunció que “estamos presentándonos ante la justicia para denunciar estas prácticas extorsivas contra nuestros afiliados por parte de empresarios que ya se han mostrado como una verdadera asociación ilícita con fines de delinquir, esto es, de extorsionar a trabajadores que fueron privados de su legítima representación gremial con mandato hasta 2021”.

Cuenca agregó que “estas prácticas rompen de hecho con el concepto de contrato social existente en nuestro país, donde los trabajadores tienen derechos que son vulnerados en todos los ámbitos, al margen de las leyes nacionales y provinciales que los amparan. Esto ha comenzado a repetirse en muchos ingenios del norte”

Paralelamente, el Ingenio la Esperanza ubicado en la localidad de San Pedro de Jujuy, cuyo dueño actual es el gobierno provincial encabezado por el gobernador Gerardo Morales, tiene en vilo a los 600 trabajadores representados por el Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros (SOEA). Su Secretario General, Sergio Juárez, dijo que “desde que asumió Gerardo Morales la gobernación, 700 compañeros han sido despedidos y cuando quisimos ejercer nuestro derecho a la protesta, tanto dirigentes como yo y mis compañeros de Comisión Directiva, y cientos de nuestros representados que salimos a las calles, fuimos brutalmente reprimidos y encarcelados por las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales”.

Juárez señaló además que “con la intención de privatizar el ingenio, el gobierno jujeño convocó a una multinacional fantasma denominada Grupo Omega, de origen colombiano, que se fue tan rápido como llegó por no cumplir los requisitos básicos para hacerse cargo de la empresa, y este año apareció un grupo empresario de Tucumán -Budeguer- que dejó trascender el despido de más de 300 trabajadores, a lo cual obviamente nos oponemos”. ¿El argumento patronal? El mismo de siempre: reducir el costo laboral para mejorar sus ganancias, mientras el costo social lo pagan de hecho miles de familias.

Con el antecedente de su vecino salteño, el ingenio San Isidro, Juárez teme que la intención de la dupla Morales-Budeguer, sea repetir la operación desarrollada en Salta, o sea, despedir a los 600 trabajadores para que un número reducido sea nuevamente empleado después de perder la antigüedad, y el resto quede a la deriva.

Mientras tanto, siguen las cesantías por goteo en el Ingenio Ledesma en Jujuy, propiedad de la tristemente célebre familia Blaquier, y continúa la presión patronal por parte de la multinacional norteamericana Seabord en el ingenio El Tabacal, donde además de centenares de despidos la empresa desconoce a la dirigencia del Sindicato de Trabajadores del Azúcar (STA).       

Paritarias: ni libres, ni justas ni soberanas

En este contexto de precarización salvaje impuesta como “política de Estado privada” que se ampara en el gobierno nacional y sus aliados, los trabajadores azucareros del NOA se encaminan a encarar las negociaciones paritarias de 2019 en unidad. Hace dos semanas, dirigentes de diversos ingenios nucleados en la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (FOTIA) y en la Federación de Empleados de la Industria del Azúcar (FEIA) retomaron las reuniones para darle forma a una negociación paritaria conjunta que se había decidido meses atrás.

En términos generales, los sindicatos azucareros coincidieron en tres puntos centrales: reclamar un aumento del 45 % para este año, solicitar una recomposición salarial calculada en 34% para recuperar el poder adquisitivo perdido desde la paritaria de 2018, y la implementación de una cláusula gatillo de aumentos que esté atada a la importante inflación que se registra en todo el país.

En la asamblea de trabajadores realizada la semana pasada en el Ingenio Río Grande de la localidad de La Mendieta, en Jujuy, se aprobaron los reclamos mencionados, y un plan de lucha con paros de actividades escalonados que comenzarían el próximo 6 de junio.     

Al mismo tiempo, los dirigentes sindicales coincidieron en reclamar el cese de los despidos que en Tucumán, Salta y Jujuy se han convertido en moneda corriente.