Alrededor de 30 allanamientos en comedores y casas de referentes de organizaciones piqueteras en la madrugada del lunes abrieron un nuevo conflicto entre organizaciones piqueteras con el gobierno, al que acusaron de llevar a cabo una “política persecutoria propia de la dictadura militar”.
Todo comienza con una denuncia del Ministerio de Seguridad por la movilización que realizaron movimientos piqueteros el pasado 20 de diciembre. A raíz de ello, la justicia federal ordenó el allanamiento en 27 domicilios, tanto de organizaciones sociales como de dirigentes para investigar la presunta extorsión a beneficiarios de planes sociales. FOL, Barrios de Pie y Polo Obrero fueron los movimientos sobre los cuales se dirigieron los operativos policiales.
Frente a ello, el Polo Obrero apunaron que los allanamientos que llevó a cabo el fiscal Gerardo Pollicita “a raíz de la denuncia de Patricia Bullrich siguen un manual policial y persecutorio propio de la dictadura militar”.
Para la organización, esta maniobra sólo tiene un objetivo “al movimiento piquetero combativo que viene enfrentando al gobierno de Milei” sobre el cual cargó “un gobierno que en medio de una enorme crisis social ha retirado todo tipo de alimentos a los comedores populares, congelado y recortado los programas sociales y que lleva adelante un verdadero plan de hambre contra los trabajadores. Esta política represiva se suma a los intentos de establecer la reiterancia en la ciudad y en el País, para reforzar la criminalización de las luchas populares, y a todas las medidas represivas que viene llevando adelante el gobierno”.
Respecto a la denuncia, el PO consideró que “está armada sobre la base de una enorme tergiversación: la que presenta a las organizaciones piqueteras y particularmente al Polo Obrero y a sus dirigentes, como un grupo de extorsionadores contra los compañeros. Esta tesis no tiene sustento alguno. Las organizaciones no dan bajas de programas sociales, ni tampoco hay altas. Las decisiones en el Polo Obrero se toman en asambleas. Lo mismo vale para el control obrero de las conquistas e inclusive los recursos de las organizaciones. Hemos hecho de este método una bandera en la lucha contra los punteros del Estado”, detallaron.
Sobre este punto, la investigación -de la cual se sabe muy poco por el secreto de sumario- gira en torno al pedido que se habría exigido a beneficiarios de planes sociales de participar en marchas o de entregar parte del dinero de la ayuda económica, bajo la amenaza que, de no hacerlo, se les “daría de baja el plan”, algo que como aclaró el PO no es facultad de las organizaciones sociales.
Por último, el movimiento piquetero expuso “vamos a pelear en todos los terrenos, incluido el judicial, ya que dimos y damos la cara siempre, frente a los ataques de los gobiernos ajustadores y represores”.