La sentencia a 3 años y medio de prisión, junto a la inhabilitación de ejercer su profesión y un embargo de 7 millones de pesos, hizo que Amnistía Internacional se manifestara sobre la condena al abogado Alberto Nallar y consideró que ello, no hace más que demostrar “el intento de disciplinamiento de la protesta” en la provincia.
El organismo -que ya se había hecho eco de la detención del abogado lanzando una campaña global para exigir su liberación tras haber sido detenido en julio- lanzó un duro comunicado, donde expuso el clima de persecución y hostigamiento que se vive en Jujuy, en particular, tras la aprobación de los cambios en la Carta Magna jujeña.
“La pena de 3 años y 6 meses de prisión, por el delito de instigación a cometer delitos, incitación a la violencia colectiva y alzamiento o motín en concurso real, contra el abogado Alberto Nallar es un serio precedente, ya que se observa un intento de disciplinamiento de la protesta social”, indicó el documento.
En la misma dirección, Amnistía Internacional apuntó “el inicio de numerosas contravenciones y causas penales en contra de los manifestantes reflejan también un peligroso intento de disciplinamiento contra la libertad de manifestación y reunión”, recordando las brutales represiones en las protestas iniciadas desde el 17 de junio con los cortes de ruta, luego que se aprobada la reforma parcial de la Constitución provincial, de espaldas a la ciudadanía y sin cumplir con la consulta previa, libre e informada a las comunidades.
“Esta sentencia es un mensaje que intenta disciplinar a quienes alzan su voz por reclamar derechos. Además, en este caso se impide que quien ha sido condenado continúe ejerciendo su profesión. Los habitantes de Jujuy tienen derecho a reunirse pacíficamente y a expresarse libremente, así como de ser informados acerca de medidas que podría afectarlos”, sostuvo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Amnistía Internacional fue uno de los tantos organismos de derechos humanos que llegaron a la provincia para observar las denuncias que realizaron jujeñas y jujeños sobre la violación de los principios básicos de la democracia. Una delegación visitó la capital jujeña y los departamentos de Tumbaya, Cochinoca, Humahuaca y Susques durante la semana del 25 al 29 de septiembre, periodo en el cual entrevistó al menos a 110 víctimas y testigos, incluyendo integrantes de más de 15 comunidades indígenas, abogados y abogadas, organizaciones de derechos humanos, al fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez y representantes del Ministerio de Seguridad, llegando como primera conclusión la limitación del derecho a la protesta en Jujuy.
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