Amplio rechazo ante el anuncio del gobierno por el cierre del INADI

Luego de que el vocero presidencial Manuel Adorni anunciara en su conferencia de prensa diaria de Casa Rosada que el gobierno de Javier Milei continúa con su plan de cerrar el Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), organizaciones sociales, intelectuales y exfuncionarios repudiaron esta determinación.

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) publicó en su cuenta de la red social X que “la discriminación en la Argentina es un problema que sufren diversos colectivos. Por eso la DAIA, junto a otras organizaciones, impulsó hace casi tres décadas la creación del INADI, un verdadero ejemplo en el mundo”.

“La decisión de cerrarlo, atenta contra la protección del derecho a la igualdad y la convivencia pacífica de nuestra sociedad que es ejemplo a nivel mundial”, afirmó la DAIA en un tuit en el que arrobó al INADI y al vocero Adorni.

Manu Mireles, cofundadora y secretaria del bachillerato Popular Travesti-Trans Mocha Celis, opinó que “el cierre implica atentar contra la democracia y la garantía de los derechos humanos”.

“Es fundamental elaborar políticas que combatan la discriminación”, aseguró Mireles y recordó que “articularon y trabajaron con el instituto para brindar servicios a un montón de personas víctimas de discriminación, en particular por su identidad de género”.

Este cierre, alertó, “muestra una postura que beneficia a los discursos de odio, muchos que se hacen desde la política”.

Ornella Infante, dirigente del Movimiento Evita y exdirectora de Políticas contra la Discriminación del Inadi, sostuvo que el organismo “supo ser el oído fundamental para aquellos y aquellas que no éramos escuchados por nadie, incluso para quienes éramos detenidas y torturadas por leyes que venían de la época de (la dictadura de 1966 de Juan Carlos) Onganía”.

“Es muy preocupante porque el Inadi es el segundo en América Latina y el Caribe, solo México tiene un organismo que lucha contra la discriminación y nuestro país es de avanzada en materia de derechos humanos justamente porque el instituto fue un bastión fundamental para ello”, afirmó.

“En épocas en donde arrecian mensajes violentos contra diferentes colectivos en relación al género, la orientación sexual, la identidad de género, la nacionalidad y la religión, entre otros, necesitamos sostener espacios de promoción y protección de derechos”, expresó por su parte Leandro Cahn, director ejecutivo de Fundación Huésped.

“Nadie, ni siquiera un gobierno como este, debería afirmar que hará algo que la ley prohíbe. El Inadi está creado por ley, si lo quieren cerrar tendrán que pasar por el Congreso”, repudió la escritora Claudia Piñeiro en su cuenta de X.

María José Lubertino, ex titular del Inadi durante la presidencia de Néstor Kirchner, cuestionó en sus redes sociales el anuncio y le pidió al vocero Adorni: “Por favor podrías indicarnos cuál es el acto administrativo que sustenta esta información. En el Boletín Oficial solo está la designación de una interventora de ayer. Fue creado por ley. No hay necesidad ni urgencia en esto. No se puede derogar por decreto”.

Por su parte el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” (MESECVI) emitió un comunicado expresando su preocupación ante los retrocesos que se plantean durante este gobierno.

“Este Comité de Expertas insta a las autoridades argentinas a no solo garantizar la continuidad de las instituciones, normas y mecanismos que protegen a las mujeres, sino a continuar fortaleciendo la institucionalidad de género en el país en cumplimiento con sus obligaciones internacionales. Asimismo, en medio de un clima de crispación en torno a estas medidas, se hace un llamado a garantizar un debate plural, democrático y libre de violencias, en especial contra las mujeres con voz pública que son objeto de ataques basados en su género”.  

Un espacio para frenar las violencias

Desde el Frente Orgullo y Lucha, expresaron: “Como parte de un sector social vulnerado por la discriminación y la violencia por motivos de orientación sexual e identidad de género, repudiamos el anuncio del gobierno del presidente Javier Milei y nos declaramos en alerta por el menoscabo al derecho a la igualdad y la no discriminación que implica la disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI)”.

Además, explica el comunicado emitido este mediodía por el frente, “el INADI es el espacio al que recurrimos las personas de la comunidad LGBTI+ ante las múltiples situaciones de discriminación que perduran en nuestro país, ya sea en ámbitos laborales, educativos, en otras instituciones o en la vía pública. Estas herramientas empoderan a las personas a vivir libremente su sexualidad e identidad de género, categorías protegidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.

Y agrega, “es de público conocimiento el rol central del INADI en la consecución de leyes fundamentales para nuestro colectivo como lo son las leyes de matrimonio igualitario, identidad de género, reproducción humana asistida, de cupo e inclusión laboral travesti trans, de respuesta integral al VIH, entre tantas otras, siendo un actor institucional clave en procesos legislativos, sociales y culturales y en la efectiva implementación de políticas públicas”.

Además, destacó el rol y las “tareas vitales para la defensa de nuestros derechos”, y dijo que el Instituto devino en un “símbolo indiscutible de convivencia democrática en la diversidad”.

El INADI, un instituto creado por ley

El organismo fue fundado en 1995 por una ley que se sancionó en el marco de la respuesta del Estado argentino a los atentados a la embajada de Israel y la AMIA, perpetrados por terroristas en 1992 y 1994, respectivamente.

El artículo 4 de la Ley 24.515 que creó el INADI indica que, entre sus atribuciones y funciones, se encuentra la de «constatar prima facie la existencia en el territorio argentino de personas que durante la Segunda Guerra Mundial o que posteriormente a ella participaron en el exterminio de pueblos, o en la muerte y persecución de personas o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad u opinión política; y cuando corresponda, efectuar las denuncias ante las autoridades competente».