Desde el movimiento obrero responden que la ministra de Seguridad no podrá frenar las manifestaciones. Desde el campo de los derechos humanos advierten que la política del gobierno de Javier Milei frente a la protesta y la conflictividad social es una "regresión a estándares de hace más de 30 años".
Patricia Bullrich repite como un mantra que su protocolo anti-piquetes es permanente. “Todos los días. En todas las marchas. En todo momento”, machaca la ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei. Puesto en marcha el 20 de diciembre con una parafernalia que no logró impedir la movilización a Plaza de Mayo, el protocolo de Bullrich tendrá su verdadera prueba de fuego el próximo 24 de enero, cuando la CGT, las dos CTA, los movimientos sociales, la izquierda y los organismos de derechos humanos paren y salgan a las calles para protestar contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 con el que la administración de La Libertad Avanza (LLA) pretende hacer una poda de derechos para todos los argentinos y las argentinas. Los organizadores afirman que se estará ante una convocatoria histórica. Bullrich deberá mostrar si puede desalentar la protesta en las calles con un protocolo alicaído –objetado ya por organismos internacionales– y sin que el Parlamento haya discutido la ley ómnibus que pretende impedir las congregaciones de más de tres personas –una medida que, de estar en efecto actualmente, pondría en serio riesgo a Gaspar, Melchor y Baltasar cuando repartan los regalos a la medianoche.
“Yo me pregunto por qué la CGT convoca a un paro”, dijo Bullrich en una entrevista con TN en la que aprovechó para chicanear al movimiento obrero que viene de conseguir frenar la reforma laboral incluida en el DNU con sus pedidos de cautelares. La ministra habló de un país harto de la presión de “minorías” y dijo que habían llamado a un paro después de estar cuatro años “bajo la cama”.
En la organización del 24E prestan poca atención a las chicanas de Bullrich. “La CGT va a salir a la calle en defensa de los derechos de los trabajadores, donde las columnas de compañeros de cada una de las organizaciones gremiales conforman el músculo del movimiento obrero que el protocolo de Bullrich no podrá impedir que se exprese", confió a este diario un experimentado operador sindical.
En los próximos días, comenzarán a concretarse las diferentes reuniones para organizar la concentración y el desplazamiento de las diferentes columnas. Estos encuentros, al menos los de la CGT, se realizarán con representantes de las dos CTA y también de los movimientos sociales. La central obrera mantiene una estrecha relación con los integrantes de la Unión de Trabajadores de Economía Popular (UTEP) y a través de ellos coordinará con el resto la movilización del 24E. Entre los dirigentes sindicales ya se habla de una gran concentración de trabajadores. Algunos se entusiasman y dicen que entre todos habrá cerca de un millón de personas. Otros, en tanto, dicen que será como el Cordobazo o el Mayo Francés, en cuanto a cantidades.
“Yo voy a estar en el Congreso. Y otras Madres también”, anticipa a Página/12 Taty Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora. “Este 24 de enero, con protocolo o sin protocolo, estaremos en las calles y daremos todas las batallas necesarias como lo han hecho ellas, las que se pusieron el pañuelo blanco en los momentos más difíciles. ”, suma Carlos Pisoni, integrante de H.I.J.O.S Capital.
Un paquete represivo
El 15 de diciembre pasado, dos días después de que Luis "Toto" Caputo anunciara su plan de ajuste, Bullrich publicó en el Boletín Oficial el protocolo para impedir manifestaciones que bloqueen el tránsito. La resolución ministerial da luz verde a las fuerzas de seguridad federales para desalojar cortes, incluso cuando se deja una vía de circulación libre, y avanza con la criminalización de quienes protesten –que implica desde identificar vehículos hasta generar un banco de datos con organizaciones y personas que se manifiesten. Por si fuera poco, el gobierno de LLA amenaza con mandarles las facturas por los operativos monumentales –de saturación policial– a los grupos que quieran expresarse en la vía pública.
El 27 de diciembre pasado –después de la movilización que encabezó la CGT a la Plaza de Lavalle para acompañar su amparo contra el DNU–, el gobierno mandó su proyecto de ley ómnibus al Congreso que termina de completar un escenario regresivo para la protesta. Entre otras cuestiones, el Ejecutivo pretende que quienes se manifiesten den aviso previo al Ministerio de Seguridad –con una antelación no menor a las 48 horas– y esta cartera estaría facultada incluso para prohibir una actividad o forzar un cambio de fecha. La reunión de tres personas en la calle sería una manifestación y para los organizadores de una protesta se prevén penas de hasta seis años de prisión.
“Pretenden establecer un estado de sitio porque te dicen cuándo podés salir a una movilización”, dice la diputada Myriam Bregman (FIT-U). “Además, emparenta una movilización con una asociación ilícita por el número de participantes. Es totalmente ilegal. Para el 24E, con el anuncio público que hizo la CGT y con el que hicimos las organizaciones que vamos a acompañar, se cumplen todos los requisitos para ejercer el derecho a la protesta. Ante esta situación claramente ilegal, es increíble que no haya habido jueces o fiscales –tan proactivos en otros casos– que salieran a pronunciarse”, reclama la dirigente del PTS.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) llevó sus cuestionamientos a organismos internacionales y presentó un amparo contra el protocolo de Bullrich. Los tribunales en lo contencioso administrativo entendieron que no es un tema para debatir durante la feria, a contramano de la atención que le dispensan los grupos de derechos humanos. “Tenemos una preocupación general por los procedimientos democráticos que se ven violentados con el DNU y la ley ómnibus. Todo el capítulo de protesta y gestión de la conflictividad social es una regresión a estándares de hace más de 30 años”, explica Manuel Tufró, director de Violencia y Seguridad del CELS.
Como principal gesto para dejar atrás la política de no-represión de la protesta social que propusieron los gobiernos kirchneristas –llegados a la Casa Rosada después de los asesinatos policiales de diciembre de 2001 y de junio de 2002 en el Puente Pueyrredón–, Bullrich dejó sin efecto la doctrina impuesta por Nilda Garré que ponía límites y establecía controles al accionar policial.
“Tanto el DNU como la ley ómnibus como el protocolo son inconstitucionales y antidemocráticos”, dice Pisoni, referente de H.I.J.O.S. “El estado de sitio de hecho que propone la ley ómnibus marca un antes y un después en este gobierno. Nosotros entendemos que todas las veces que se ha intentado cercenar los derechos del pueblo a movilizarse ha sucedido lo contrario. En dictadura, cuando la misma impuso el estado de sitio, fue el nacimiento de las Madres de Plaza de Mayo y ese estado de sitio fue el que hizo que, después, esa ronda a la pirámide fuera un ícono de resistencia. En 2001, la última vez que se impuso el estado de sitio, fueron las Madres las que encabezaron la resistencia a esa decisión del gobierno de Fernando de la Rúa”, historiza.
Mucho espectáculo, poca efectividad
La exministra de Seguridad Sabina Frederic es muy crítica del accionar de Bullrich. “El protocolo demostró ser inconducente e inaplicable. No paró nada. Las movilizaciones se hicieron igual. No hay forma de que no se corten las calles”, resalta la antropóloga. “Bullrich no puede reconocer que inventó una cosa que no sirve y que se ve superada por el nivel de movilización y organización que hay en este país”, agrega.
En una línea similar, María del Carmen Verdú, dirigente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), destaca la conformación de una red federal por la defensa de los derechos humanos y la democracia, que se puso en marcha frente a los operativos del 20 y 27 de diciembre pasado.
La pregunta es cómo diseñará Bullrich el operativo del 24 de enero: si volverán los cruces con la Ciudad, si se pondrán vallas en el Congreso --como hizo en diciembre de 2017-- o si habrá redadas de manifestantes en la desconcentración --como ocurrió la semana pasada.
“El protocolo es un instrumento pseudo-legal, que demuestra que el gobierno no respeta la Constitución. No se está aplicando, lo que hace es intimidar. Las fuerzas deben garantizar el derecho a la protesta, no impedirlo”, remarca Frederic.
Fuente Página 12
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