La diputada nacional (Frente de Todos-Jujuy) Carolina Moisés solicitó al Ministerio de Salud de la Nación, la derogación de la Resolución 565/2023 por la que se prohíbe la importación, distribución, comercialización, publicidad y cualquier modalidad de promoción y patrocinio en todo el territorio argentino de los denominados “productos de Tabaco Calentado”.
En sendas cartas enviadas a la ministra de Salud, Carla Vizzotti y a la jefa de la Unidad Gabinete de Asesores, Sonia Tarragona, Moisés expresó su “profunda preocupación y sorpresa” por la medida adoptada “sin consulta previa tanto a los distintos sectores socioeconómicos involucrados” como “a los referentes políticos que venimos defendiendo activamente la promoción de las economías regionales como motor del crecimiento y del empleo”.
“La resolución afecta directamente el empleo y la actividad económica y carece de toda razonabilidad y proporcionalidad con los propios fines de salud pública que enuncia”, fundamentó la legisladora, quien además agregó que “los productos de tabaco calentado reducen el riesgo sanitario frente al consumo tradicional de tabaco, en comparación con las otras modalidades habilitadas por la autoridad pública, como los cigarrillos y cigarros que son de tabaco encendido y en combustión”.
Moisés, junto con muchos de los legisladores de las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, y Misiones, comprenden y defienden activamente desde sus bancas del Congreso Nacional la trascendencia que el sector tabacalero, y en particular el Fondo Nacional del Tabaco, importan para el sostenimiento de la actividad económica, y los ingresos de recursos públicos a las correspondientes provincias.
En ese marco, la diputada sampedreña explicó que Argentina es el 8° productor y el 7° exportador mundial de tabaco y que la actividad primaria se concentra en 7 provincias del norte: Jujuy, Salta, Misiones, Tucumán, Chaco, Corrientes y Catamarca). Tras lo cual, apuntó que “el cultivo del tabaco es el mayor demandante de mano de obra por unidad de superficie del sector agropecuario, a razón de 120 jornales por hectárea. Y toda la cadena de valor genera más de 1 millón de empleos directos e indirectos dedicados al cultivo y acopio de tabaco, actividad manufacturera, distribución y venta mayorista y minorista”.
Para Moisés “es muy probable que en el Ministerio de Salud se desconozcan todos estos datos porque no es información que deba manejar esa cartera”.
Por esto expresó que “de haber sido consultados, hubiéramos podido exponer que el sector tabacalero está constituido por más de 150 mil pymes con unos 50 mil productores primarios agrupados en más de 10 cámaras y cooperativas provinciales -que nuclean los intereses de los que producen, procesan y revenden la materia prima-, 100 empresas de venta mayorista y distribución y 100 mil kioscos que hoy se ven sumamente afectados por esta decisión que necesitamos que quede sin efecto”, completó.
Planteo desde la salud
A través de la Resolución 565/2023, publicada en Boletín Oficial, el Ministerio de Salud de la Nación indica que ya no se podrá importar, distribuir, comercializar y publicitar los “Productos de Tabaco Calentado” (PTC).
La medida tiene como objetivo restringir el uso de este tipo de productos, que se consideran perjudiciales para la salud. De esta manera, se busca propiciar que las personas accedan a información confiable y basada en evidencia científica sobre las consecuencias que trae a la salud el consumo de tabaco en todos sus formatos.
Los denominados Productos de Tabaco Calentado utilizan un aparato eléctrico que calienta un cigarrillo especial conteniendo tabaco reconstituido a una temperatura que no llega a producir combustión. Aunque se promueven como productos de riesgo reducido, hasta el momento ningún estudio independiente ha demostrado que sean inocuos para la salud. Por el contrario, algunas investigaciones han comprobado que contienen muchas de las sustancias tóxicas que poseen los cigarrillos comunes, en algunos casos en mayor grado de concentración.
Esta iniciativa forma parte de una serie de acciones que lleva adelante la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Enfermedades No Transmisibles (DNAIENT), en el marco del cumplimiento de los objetivos del Programa Nacional de Control de Tabaco (PNCT), y que buscan evitar el inicio del consumo de tabaco, disminuir su consumo, proteger a la población de la exposición al humo de tabaco ambiental y promover la cesación tabáquica en la población.