Un revés en la justicia federal para el gobierno de Gerardo Morales: la Cámara de Casación Penal aceptó analizar un habeas corpus donde organismos de derechos humanos y comunidades indígenas denunciaron la represión policial durante las protestas en contra de la reforma parcial de la Constitución jujeña.
Se trata del recurso que presentó el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel junto a Adriana Aredez -hija del ex intendente jujeño Luis Aredez, desaparecido durante la dictadura-; la abogada Silvana Llanes, apoderada de las Comunidades indígenas de Caspalá y Lumara, además de Raúl Sajama, vicepresidente de la Comunidad Indígena Angosto del Perchel.
La decisión del máximo tribunal penal que existe por debajo de la Corte Suprema llega luego que el juzgado federal de primera instancia de Jujuy y por la Cámara Federal de Salta rechazaran el habeas corpus en el cual negaran la “amenaza actual e inminente respecto de la vida, la libertad y la integridad física y psíquica” de quienes participaran de las manifestaciones en contra de los cambios en la Carta Magna provincial, por lo que en septiembre, la Cámara Federal de Salta consideraba la presentación como “desierta” por lo que desestimó su tratamiento en Casación.
Por el contrario, para los camaristas de Casación Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky consideraron que “pudiendo constituir los agravios invocados por la parte recurrente algunas de las causales previstas en el Código Procesal Penal de la Nación, corresponde hacer lugar a la queja deducida”, además de señalar que el recurso fue “erróneamente denegado”.
Asimismo, detalla que es Casación el “órgano intermedio ante el cual las partes pueden encontrar la reparación de los perjuicios irrogados en instancias anteriores, máxime si los agravios invocados aparecen claramente vinculados con una cuestión federal”.
Con este fallo, el recurso será analizado por la sala IV de Casación.
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