El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto con Abogadas y abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) denunciaron al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la situación de hostigamiento y criminalización que padece Milagro Sala desde que Gerardo Morales asumió el gobierno de la provincia de Jujuy.
En un comunicado los organismos dieron a conocer la presentación relatando la sucesión de hechos que padece la dirigente y la organización social por el gobierno de Jujuy que busca desmovilizar y limitar el derecho a la protesta en la provincia.
En la presentación, que se realizó en agosto pasado, se hizo un repaso por las diversas manifestaciones públicas que Morales hizo contra Milagro Sala y la organización Tupac Amaru, incluso desde antes de llegar al poder. A partir del 10 de diciembre de 2015, la campaña de desprestigio y estigmatización que recaía sobre ella desde hacía tiempo atrás, dio un giro y pasó a incorporar al sistema judicial provincial. De este modo, se desató una persecución en su contra por la que se le iniciaron diferentes causas penales con el exclusivo fin de asegurar su detención y posterior permanencia en situación de encierro preventivo.
La prisionización de Milagro Sala se concretó a las pocas semanas de la asunción de Morales, el 16 de enero de 2016. El motivo principal de su detención fue haber organizado y participado de una movilización que culminó en un acampe en la Plaza Belgrano de la Ciudad de San Salvador de Jujuy luego de que el Gobernador se negara a dar respuesta a diversos pedidos de audiencias.
Para aquella época, el Poder Ejecutivo provincial había anunciado la toma de medidas que obligaban a las organizaciones sociales de Jujuy a registrarse y empadronarse. Estas medidas se conocerían a mediados de enero de 2016 a través del Decreto 403-G-16 que estableció la suspensión e inicio de un proceso de retiro de la personería jurídica de aquellas organizaciones que permanecieran en la manifestación que inició en diciembre de 2015. También establecía la pérdida de los derechos sociales de los manifestantes que se encontraban en el acampe.
La aparición de este decreto quebró la movilización y el acampe e hizo que algunas de las organizaciones sociales abandonaran la protesta por temor a perder sus personerías jurídicas y/o el acceso a derechos sociales, sufrir la aplicación de multas costosas, o incluso ser objeto de persecuciones judiciales.
Ya privada de su libertad, Milagro Sala transcurrió los primeros días en la Comisaría de la Mujer de San Salvador de Jujuy. El 21 de enero de ese mismo año fue trasladada a la Unidad Penal N° 3 de mujeres del Servicio Penitenciario Provincial.
Aunque el 29 de enero de 2016, el juez a cargo de la causa ordenó su excarcelación, ella permaneció privada de su libertad. El motivo central de su permanencia en el establecimiento carcelario, fue que, casualmente, el día que debía recuperar su libertad, se ordenó su detención por una acción judicial paralela. En esta nueva causa se la acusaba de defraudación en perjuicio del Estado, extorsión y asociación ilícita.
A partir de este momento, se desató un feroz proceso de criminalización sobre Milagro Sala a través del uso del poder judicial. De manera encadenada y/o superpuesta se le iniciaron, impulsaron e incluso se reabrieron procesos que ya habían sido clausurados por distintas circunstancias, por ejemplo, causas en las que hacía años se había determinado su ajenidad y se la había desvinculado por completo.
Con el correr del tiempo, Milagro Sala se vio sometida a once causas penales y a una causa contravencional. Además, atravesó seis debates orales y públicos: uno en el fuero federal, cuatro ante la justicia ordinaria y uno en fuero contravencional. Otras dos causas se encuentran, aún, en etapa de investigación, mientras que otras tres fueron elevadas a juicio. Todo esto, atravesado por campañas y discursos mediáticos que incluyeron a jueces y fiscales involucrados en los procesos en su contra.
Por otra parte, la persecución, criminalización y hostigamiento a Milagro Sala tuvo impacto negativo sobre la organización barrial Tupac Amaru, que vio su personería jurídica suspendida por ejercer su derecho a protestar, sufrió allanamientos, la detención de otres integrantes e incluso debió soportar una intervención dictada por un decreto del propio Gerardo Morales. Esto, en un contexto de hostigamiento a ella y a sus allegades por parte de las máximas autoridades provinciales, que generan un constante agravamiento de sus condiciones de detención y en particular de su salud física y psíquica.
El caso sobre el que se centró el desarrollo de la denuncia presentada ante la CIDH, fue la causa conocida como la “de las bombachas”. En esta causa se la acusó a Milagro Sala de hacer una amenaza de bomba por teléfono a dos policías de la provincia de Jujuy. Una de las presuntas víctimas fue representada, varios meses después de denunciados los hechos, por el hijo y una persona muy cercana a Gerardo Morales.
En Jujuy, en los más de dos mil días de detención de Milagro Sala, se sucedieron diversos episodios de represión y criminalización que tuvieron como blanco no sólo a la organización Tupac Amaru sino a otros movimientos sociales, partidos políticos y sindicatos. Esto muestra que la persecución a Milagro Sala se inscribe en una política más amplia que busca desmovilizar a los sectores disconformes de la sociedad jujeña y limitar seriamente el derecho a la protesta.
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