Sólo tres marginales comenzarán a ser juzgados desde este miércoles por el atentado político más importante desde el regreso de la democracia: el intento de homicidio de la ex vicepresidenta Cristina Fernández.
Por esos caprichos de los que suele hacer gala el Poder Judicial en su formato Comodoro Py, el intento de magnicidio tiene sólo a tres responsables: Fernando Sabag Montiel, un oscuro personaje que nació en Brasil pero malvivía en la Argentina; su “novia” circunstancial, Brenda Uliarte, una bonaerense de la pobreza periférica y Gabriel Carrizo, un buscavidas que había encontrado en la venta de algodón de azúcar a través de vendedores satelitales de plazas y paseos su forma de vida.
Según determinó la investigación que llevaron adelante la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, ellos tres (sólo ellos, nadie más) planearon el atentado fallido que pudo haber reinstalado la violencia política en la Argentina y roto, definitivamente, el pacto democrático firmado tácita y transversalmente en 1983 con el regreso de la democracia.
Los jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari integrarán el tribunal oral federal que juzgará a los tres. Para el principal imputado, Sabag Montiel, la condena es inevitable. Descartado científicamente que no hubiera comprendido lo que hizo y probado que le disparó a CFK con un arma apta para funcionar, no hay forma de que zafe de una pena que podría rondar los 20 años de cárcel.
Brenda Uliarte también parece destinada a la condena, puesto que acompañó a Sabag Montiel durante toda la secuencia previa al ataque y estaba muy cerca de él cuando intentó matar a Cristina Kirchner. Podría intentar una defensa exculpatoria, pero la prueba obtenida de sus teléfonos y allanamientos a su domicilio le juegan en contra.
El “jefe de los copitos”, Gabriel Carrizo, es quien tiene mayores posibilidades de obtener, cuanto menos, una condena leve. Todo depende de la interpretación que el tribunal haga de sus intercambios de mensajes por WhatsApp con el resto de los imputados a través de un grupo multitudinario que tenía por principal característica el delirio y la falta de coherencia en sus diálogos.
El tribunal sólo puede resolver sobre ellos tres. Pero, a contramano de lo que hizo Comodoro Py hasta ahora, tiene a su alcance la posibilidad de ordenar que se investiguen nexos y lazos de los tres imputados con una amplia periferia que parece, de una u otra forma, relacionada con el atentado.
Sin juicio para Revolución Federal por el atentado a Cristina
Los principales referentes de la agrupación de ultraderecha y filomileísta Revolución Federal arengaban en sus grupos y redes contra la entonces vicepresidenta y convocaban a atacarla. Caputo Hermanos, la empresa de la familia del actual ministro de Economía, le pagó al líder de Revolución Federal, Jonathan Morel, millones de pesos (a valores de 2022) para la fabricación de muebles cuando apenas sabía clavar un clavo.
La querella de Cristina Kirchner demostró que cada vez que había un desembolso, Revolución Federal montaba una actividad callejera violenta. Los pagos se cortaron abruptamente a fin de agosto de 2022, horas antes del ataque contra la ex presidenta.
Morel, incluso, en un diálogo encontrado en su teléfono, describió casi con exactitud cómo haría él para asesinar a la vicepresidenta: se infiltraría entre los manifestantes frente al departamento en el que vive Cristina en La Recoleta y ante un descuido, ¡zas! “Y paso a la historia”, dijo.
Varios de sus seguidores se instalaron en los días previos al atentado en el departamento de arriba de Cristina Kirchner. Sacaron fotos, observaron movimientos… todo ello facilitado por una vecina que, sin conocerlos, los contrató para que le hicieran trabajos de mantenimiento y refacción. Parecían tareas de inteligencia; en ese lugar, unos días después atentaron contra la vicepresidenta. El hombre que le disparó asistía a manifestaciones de Revolución Federal.
Para Comodoro Py, no hay nada que investigar en relación con el atentado.
Un asesor de un diputado asegura haber escuchado a Gerardo Milman, quien aún hoy ocupa una banca de lo que en su momento fue Juntos por el Cambio, poco menos que pronosticar el atentado que –por otra parte- él mismo había sugerido en un proyecto de declaración días antes de que se produjera.
El teléfono de Milman y los de sus secretarias que lo acompañaban cuando supuestamente pronunció aquella frase: “cuando la maten, yo estoy camino a la costa”, fueron borrados en oficinas de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Milman incluso le entregó a la jueza Capuchetti un teléfono que ni siquiera se vendía en la Argentina cuando ocurrió el ataque.
Para Comodoro Py, no hay nada que investigar.
“Las medidas o las hipótesis investigativas arrimadas por las partes han merecido el correspondiente tratamiento jurisdiccional. (…) No se han podido reunir elementos objetivos de contundencia que permitan superar el terreno de la mera conjetura respecto de las hipótesis que aquí de forma tan enfática se sostienen”, respondió Comodoro Py.
El juicio oral contará con unos 300 testigos (generalmente el número se reduce a medida que las partes van desistiendo de algunos de ellos a lo largo del debate) y la modalidad de sesiones será todos los miércoles desde las 9.30.
El cálculo inicial de la duración del proceso es de unos seis meses.
Fuente: Tiempo Argentino
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
