El gobernador Gerardo Morales no cesa con su provocación y ahora fue con un lanzamiento de “empresas comprometidas con los derechos humanos”, a días de conmemorar el golpe de estado de 1976, que Jujuy contó con la complicidad de las empresas Ledesma y Mina El Aguilar.
La memoria debe ser eje de futuro, el enriquecimiento de estas empresas y la violación a derechos humanos que han realizado y lo hacen aún, es por la impunidad que se generan desde el poder real, poder político.
En ese marco y con una gran hipocresía, Morales junto a la ministra de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, Natalia Sarapura, junto al gerente general de SSR Mining Puna, Cristian Ramos; el presidente de la Minera Exar SA, Franco Mignacco; el gerente general de EJESA, Ernesto Vaccaro; el presidente de Agua Potable SE-Xuma, Víctor Galarza; la presidenta de GIRSU Jujuy SE, Gabriela Albornoz y el titular de JEMSE SE, Felipe Albornoz firmaron un acuerdo, siendo que es el Estado provincial el que debe garantizar los derechos humanos.
Morales convocó al acuerdo a empresas que explotan a sus trabajadores y trabajadoras, que contaminan, que saquean recursos naturales y que se acomodan con sus inversiones.
Con este acuerdo de “comprometer a las empresas”, lo único que busca Morales es que aporten a la campaña electoral del Gobernador. Entre las comprometidas se encuentran privadas y públicas que reciben aportes del Estado nacional y de bancos extranjeros. Ese acuerdo con las empresas no es más que seguir con impunidad.
La responsabilidad social es una obligación de las empresas y que el gobierno firme acuerdo para que se garanticen los derechos humanos, no es más que otro cartel como los de obra que inaugura Morales como suerte de gestión.
Esa inquietud no se vio en la pandemia cuando las mineras vulneraron los derechos humanos de sus trabajadores que cayeron contagiados o muertos como moscas.
El caso paradigmático de la violación de los derechos humanos es el de la empresa Ledesma, cómplice de la dictadura. A 47 años de la Noche del Apagón, las víctimas, familiares siguen esperando justicia.
A sus 95 años, Carlos Pedro Blaquier murió impune el pasado 13 de abril. El empresario fue el responsable de la entrega de trabajadores, sindicalistas y aportó las camionetas de la empresa para cometer los delitos más crueles como la detención y desaparición de personas en Libertador General San Martin, El Talar, Calilegua en la noche de los Apagones.
“Jujuy, capital de la impunidad”, calificó en el 2011 el Dr. Jorge Auat, (de Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violación de Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado), tras realizar un análisis de las causas denunciadas y que Jujuy no avanzaba por la complicidad judicial. Por supuesto para no avanzar contra Blaquier.
Cuando se reactivaron las causas, Blaquier fue citado a declarar en calidad de imputado, pero la Cámara de Casación Penal 4 y luego la Corte Suprema de Justicia de la Nación se encargaron de frenar el juicio a Blaquier.
Una situación similar fue la de la Compañía Minera Aguilar que realizó un operativo de secuestros en 1976, allí como en Ledesma, la Gendarmería nacional ha respondido los intereses de la empresa, implementando miedo y detenciones.
En el último juicio de lesa humanidad se juzgaron varios expedientes, donde los delitos económicos fueron investigados y quedaron comprobados, como así también los delitos de tortura, desaparición, secuestro, homicidio entre otros en esas empresas que violaron los derechos humanos.
Es casi irónico que Morales proyecte la película “Argentina 1985” una película que, con mucho tacto, toca uno de los temas más duros que tuvo que atravesar Argentina durante 7 años de terror y miedo que los argentinos decimos: Nunca más.
Van casi 8 años, de una gestión sin memoria.
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