Contra toda la Corte Suprema: el pedido de juicio político de Alberto Fernández y gobernadores

Alberto Fernández junto a 11 gobernadores presentaron en la Cámara de Diputados un pedido de juicio político contra todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia, decisión que fue tomada tras el fallo que favoreció a CABA por los fondos de la coparticipación.

En un principio, el mandatario había apuntado contra el presidente del máximo órgano de justicia del país Horacio Rosatti, sin embargo, tras la reunión que mantuvo con 8 gobernadores, finalmente se resolvió pedir la destitución de todo el cuerpo.

“Mal desempeño de sus funciones” y “manifiesta parcialidad” en los fallos, son los dos argumentos que esgrimieron en el escrito que fue remitido a la presidenta de la Comisión de Juicio Político, Ana Carolina Gaillard.

Señalando que los fallos que otorga la Corte Suprema excede sus facultades, el juicio político a los magistrados pretende garantizar la división de poderes.

“Un Poder del Estado que decide, arbitrariamente, invadir las esferas de las competencias exclusivas y excluyentes de los restantes poderes de aquel, quebrantando así los pilares básicos en los que se asienta un sistema republicano de gobierno, en especial el principio de división de poderes”, expresa el documento, además de resaltar que dichas decisiones afectan “seriamente la gobernabilidad y la estabilidad institucional”.

Y agrega “la Corte Suprema de Justicia de la Nación, integrada por los doctores Horacio Rosatti, quien ejerce la presidencia del cuerpo, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, ha realizado arbitrarios ataques sobre las facultades constitucionales asignadas al Poder Ejecutivo Nacional y al Poder Legislativo Nacional, lo que implica que han quebrantado con las obligaciones constitucionales que tienen a su cargo”.

Si bien la presentación por la expulsión del cuerpo completo de la Corte responde principalmente por los fondos de la coparticipación, los polémicos fallos por el Consejo de la Magistratura y el escándalo por los chats que relacionan al vocero de Rosatti con un asesor del ministro de Seguridad porteño también se colaron.

Sobre la coparticipación, el documento indica que “dictar una arbitraria sentencia que pone en jaque la repartición federal de los recursos que integran el erario público nacional, afectando de manera directa a las provincias y generando un irreparable desequilibrio entre éstas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

En tanto, sobre los chats entre el funcionario judicial y el del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta sostiene: “en los últimos días distintos medios de prensa han publicado comunicaciones vía chat del Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro.  Específicamente, entre esos chats se encuentran los que mantuvo con Silvio Robles, Director General de la vocalía del ministro Rosatti, quien oficia en la práctica como su vocero, su mano derecha y persona de su máxima confianza desde hace años. No es una mera amistad lo que une a ambos funcionarios, sino que existe una espuria convivencia en la cual se coordinan fallos judiciales del Alto Tribunal que explícitamente benefician, en general, a la alianza política Cambiemos y en particular al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta”.

En ese sentido, agrega que los chats publicados demuestran las “operaciones políticas específicas ejecutadas a través de arbitrarios fallos judiciales”.

Allí, hace hincapié sobre el “asesoramiento” que recibió el PRO-Cambiemos respecto a los nombramientos en el Consejo de la Magistratura para perjudicar al oficialismo.