El juez en lo penal económico Javier López Biscayart habilitó este lunes la feria judicial y ordenó medidas de prueba en la causa que investiga el envío de material represivo a Bolivia en noviembre de 2019, durante el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales.
El magistrado hizo lugar a un pedido del fiscal Claudio Navas Rial y habilitó la feria judicial de invierno para ordenar medidas de prueba tras la imputación al expresidente Mauricio Macri, a la exministra de Seguridad de su gobierno Patricia Bullrich y al exministro de Defensa Oscar Aguad, como así también al ex embajador Normando Álvarez García.
López Biscayart pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación que aporte “de inmediato” el original de la carta que figura como “recibida en la Embajada Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia identificada con el número de nota 184 AB, con fecha de ingreso 15 de noviembre de 2019″.
Además, pidió que informe “con el respaldo documental del caso, si en la Embajada Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia, durante noviembre de 2019, se registró el ingreso informático de un sobre cerrado proveniente de la Fuerza Aérea Boliviana destinado al entonces embajador Dr. Normando Álvarez García, e informe si ello quedó asentado en el sistema interno de archivo de la Embajada”.
En ese sentido, solicitó que Cancillería “remita el registro de todas las cartas o comunicaciones recibidas de la Embajada Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia durante los meses de octubre y noviembre de 2019” y que consigne los datos de cada documento a la vez que advirtió que si hay documentos secretos deberán ser remitidos en sobre cerrado.
El magistrado también le pidió a la Cancillería que informe que, con el respaldo documental del caso, si hubo requerimientos de seguridad o protección por parte de las autoridades de la Embajada Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia durante el año 2019.
También solicitó los “registros fílmicos que hayan registrado los procedimientos de control aduanero concretados en el Aeropuerto de El Palomar y en La Quiaca al momento de partida (12/11/2019) y regreso del armamento (26/06/2020)”.
Además, requirió “al responsable de la I Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina (Aeropuerto Internacional de El Palomar) que, en 48 horas” aporte constancias sobre la autorización de salida del avión Hércules C-130, el 12 de noviembre del 2019 y registros fílmicos del momento de carga de la aeronave.
El magistrado rechazó además un pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF) para “tomar vista de las actuaciones de modo de contar con información que permita, en su caso, promover querella penal contra los imputados”, informaron fuentes judiciales.
López Biscayart también dispuso que se requiera al responsable de la ANMAC que remita en 48 horas la totalidad de las actuaciones que dieran por resultado la autorización de salida temporal mediante resoluciones ANMAC 974/19 y 982/19, e informe las personas intervinientes. Por otra parte, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich ya designó abogado defensor, el letrado Julián Curi.
Mientras que la situación del ex presidente junto a sus ex funcionarios se agrava por la aparición de pruebas de la denuncia realizada por el canciller boliviano Rogelio Mayta el pasado 8 de julio, en paralelo, la actual gestión de Fernández también aporta consideraciones sobre los motivos que hicieron que llevaron a Macri a brindar apoyo al régimen de Jeanine Añez.
Tal es así, que para la actual ministra de Seguridad, Sabina Frederic, la entrega de armamento sostuvo “las razones de este envío irregular, y para nosotros ilegal, de material bélico a Bolivia, obedecieron a que había un rechazo de Macri al gobierno de Evo Morales”.
Asimismo, la funcionaria aclaró que con ello, el gobierno de Macri “eso lo llevó a dar un salto al vacío, y a pasar los límites. No se respetaron las instituciones democráticas”.
Sobre el material bélico enviado, Frederic detalló “ayer estuvimos revisando las compras durante el 2018 y 2019 y efectivamente los lotes pertenecían a la Gendarmería” en relación a las 70 mil municiones que salieron del país, de las cuales, “unas 40 mil fueron a las Fuerzas Armadas de Bolivia y otras 30 mil a la Policía de Bolivia” indicó.
Fuente: Tiempo Argentino
Página 12
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