Convocaron al ex presidente Alberto Fernández como testigo por la represión en Jujuy en junio de 2023

Pese a las maniobras dilatorias que viene implementando el MPA para no avanzar en la investigación por la represión en Jujuy en contra de la reforma parcial de la Constitución, las abogadas que representan a Misael Lamas y Marcelo Flores continúan recolectando pruebas y pidieron que declare como testigo de la causa al ex presidente Alberto Fernández.

“La constitución de querella nos permite a nosotros ofrecer pruebas y activar la causa de manera definitiva”, sostuvo Alejandra Cejas, una de las representantes de las víctimas de la represión en Purmamarca el 17 de junio, donde Misael Lamas perdió uno de sus ojos al impactar un proyectil en su cara.

Cejas, junto a Silvana Llanes son las letradas de la querella que apuntan a la responsabilidad política de la violencia institucional desatada en la provincia contra manifestantes de la reforma constitucional: el ex gobernador Gerardo Morales, el ministro de Seguridad Guillermo Corro, el Jefe de Policía Héctor Herbas Mejías junto a otros funcionarios son señalados por el delito de tentativa de homicidio.

A fin de probar esto, las abogadas pidieron que se incorpore como pruebas al expediente P271646 del MPA “imágenes fílmicas, informativa, documental y testimonial”.

Precisamente sobre los testimonios, la querella solicitó que se llame como testigos a Alberto Fernández, quien el 21 de junio -al día siguiente de jura de la Constitución reformada, fecha en que se desató una cacería en los alrededores de la Legislatura- sostuvo en una conferencia de prensa que “los hechos de represión y violencia estatal sucedidos en Jujuy son inadmisibles en nuestra vida democrática. A tal punto ha llegado el conflicto generado por el gobierno de Jujuy que, por primera vez en mucho tiempo, algo acaecido en nuestro país, ha provocado la alerta y la condena de los organismos internacionales defensores de los derechos humanos” y llamó al cese inmediato de la “violencia estatal y a garantizar la vigencia de los Derechos Humanos en la Provincia de Jujuy”.

Posteriormente, el presidente ordenaba la creación de una Comisión de Recepción y Análisis de denuncias sobre la violencia institucional en Jujuy, bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos, conducida por Horacio Pietragalla Corti, el otro ex funcionario nacional que fue solicitado por la querella para que brinde su testimonio.

Pruebas que no se incorporan al expediente

La lista de testigos también consignó a funcionarios provinciales, entre ellos, Normando Álvarez García -ministro de Gobierno y Justicia-, Alejandra Martínez de Desarrollo Humano, Guillermo Garlatti secretario de Protección de las Infancias y Adolescencias; Julio Alarcón, coordinador de Jóvenes y Adultos; Humberto López, diputado de la UCR e intendente electo de Purmamarca; Victoria Luna Murillo, secretaria de Equidad Educativa; Néstor Sanabia, diputado radical, Walter Rondon, Agente Fiscal del MPA y  Diego Suárez, secretario de relaciones con la Comunidad a quienes se los señalaba de haber estado ese 17 de junio en el cruce de Purmamarca entregando panfletos sobre la reforma constitucional.

Más allá de los testimonios, Cejas y Llanes también apuntan a que se sume al expediente pruebas documentales e informes “respecto de la cadena de mando del operativo montado el día 17 de Junio del año 2023” y que deberá recibir el fiscal Rodrigo Fernández Ríos de la Unidad Política Criminal del MPA.

Lo que se busca es el detalle de la cantidad de efectivos policiales dispuestos para el operativo, como así también de personal del Ministerio de Seguridad, funcionarios del Poder ejecutivo, Personal del SAME y del MPA que intervinieron y sus nombres.

Asimismo, esperan la incorporación de “imágenes fílmicas que se encuentran en poder de la Policía y el Ministerio de Seguridad de la Provincia y de los funcionarios interviniente en relación al día 17de Junio del 2023, por lo cual se solicita que las mismas sean puestas a disposición de esta querella”, punto sobre el cual subrayaron que “hasta la fecha, las pruebas aportadas por la fiscalía a pesar de tener la posibilidad de acceder a la totalidad de las mismas, ninguna han sido incorporadas al legajo. Es decir, se requieren que se incorporen las imágenes fílmicas, donde conste hora, lugar, modo y proceso que permita constatar los hechos de violencia institucional ejercida por la Policía de la Provincia en contra de la población civil” y advierten “no puede soslayarse la necesidad de contar con elementos probatorios que muestren todos los aspectos vinculados a los hechos de violencia institucional ejercidos por la policía Provincial en contra de la población civil y el uso de armas menos letales, del día 17 de junio, el Estado tiene las filmaciones y nos las agrega. No las muestra. No se incorporaron pruebas de ningún tipo referidas a las detenciones ilegitimas y a la cantidad de víctimas de lesiones graves cometidas por el Gobierno Provincial en contra de sus ciudadanos, ocurridas el día 17 de Junio del 2023, de la cual fueran victimas el Sr. Flores Marcelo y Liam Lamas”.

En la misma dirección, se solicitó que se remitan todas las órdenes, directivas y protocolos de actuación y autorización para el uso “de armas menos letales y bombas de gases lacrimógenos utilizadas por la Policía Provincial en contra de la población civil y demás elementos de prueba que se encuentra en poder del Ejecutivo Provincial, respecto al procedimiento realizado el día 17 de junio de 2023, asimismo informen quienes impartieron las órdenes para la utilización de las armas menos letales, la nómina de los Jefes de la Policía Provincial, Personal del Ministerio de Seguridad, del SAME, funcionarios de Poder Ejecutivo, Legislativo de la Provincia de Jujuy y del Ministerio Público de la Acusación, a fin de conocer que rol cumplían cada uno”.

Y concluye “fundamenta el presente requerimiento la cantidad de la prueba que se poseen, productos de filmaciones, videos anónimos, grabaciones, donde se puede verificar la actuación de personal policial, funcionarios públicos dependientes del Ministerio de Seguridad, Poder Ejecutivo y del Ministerio Publico de la Acusación, realizando acciones ilícitas y fomentando e incitando a las acciones que desataron la extrema y brutal violencia institucional, abuso de autoridad, incumplimiento a los deberes de funcionarios públicos, que culminaron con la las graves lesiones sufridas por esta querella, que pusieron en alto riesgo la vida de los mismos”.