Un gobierno de contadores, pero sin dar cuenta de los números de las arcas del Estado, así se maneja Gerardo Morales que pretende mantener en secreto los (des)manejos de las cuentas públicas, esta vez, eliminando los órganos de control, tal como lo es el Tribunal de Cuentas.
La falsa discusión que se está llevando a cabo en la Convención Constituyente incluye temas que nunca fueron presentados por el gobernador cuando anunció que iba a mandar el proyecto a la Legislatura para reformar la Constitución provincial. Entre los puntos, se encuentra la eliminación de las elecciones de medio término (es decir, las legislativas cada 2 años, añadiendo que la fuerza ganadora de los comicios generales se quedaría con la mitad más del parlamento, sin respetar los porcentajes obtenidos en las urnas), pero también el cambio dentro de organismos.
Ese es el caso del Tribunal de Cuentas.
El martes de la semana pasada, en la Comisión para el Sistema Económico y Financiero y Órganos de Contralor se coló en el debate el tratamiento de los artículos 199 y 200 respecto a la organización y estructura del Tribunal de Cuentas.
“Los ejes centrales versaron sobre la modernización de estos organismos de contralor a la luz de la actualidad, y en una primera etapa se recibieron las experiencias y los aportes del auditor general de la Nación, Alejandro Nieva, y del Gerente de Control de la Cuenta de inversión de la Nación, Carlos Valdéz, que fueron aportes muy enriquecedores, donde hubo mucho debate y muchas consultas por parte de todos los convencionales que integran la comisión”, detalló la presidenta de la comisión María Teresa Agostini.
Asimismo, la comisión recibió también al diputado nacional Jorge Rizzotti y del diputado provincial y ex vocal del Tribunal de Cuentas, Juan Brajcich. Es decir, la mayoría de las exposiciones vinieron desde el propio radicalismo, lo que marca una clara tendencia del debate.
Dicha “necesidad” de actualizar el Tribunal de Cuentas esconde otro interés: crear un órgano dependiente del Ejecutivo, tal como lo hicieron saber propios trabajadores del Tribunal.
“Es importante visualizar que la diferencia principal entre una Auditoria General y el Tribunal de Cuentas es que la Auditoría General es un proceso de revisión interno, mientras que el Tribunal de Cuentas es una entidad independiente encargada de controlar y fiscalizar los procedimientos contables y financieros del Estado. Ser independiente garantiza objetividad”, subrayaron integrantes del organismo de contralor.
Asimismo, explicaron que dicha Auditoria “es solo un cuerpo técnico que da recomendaciones, pero si hay algo mal en los manejos de fondos públicos no se puede hacer nada, son meros informantes objetivos”.
En esa dirección, expusieron que lo más grave de estas modificaciones es que “se acaban las sanciones, se acaban los apremios, se acaba responder por la mala gestión de fondos públicos”, concluyeron.