Una visita a genocidas por parte de legisladores de La Libertad Avanza en el penal de Ezeiza que se coló en el temario de la Cámara de Diputados y que el oficialismo -con el apoyo del PRO y el radicalismo, principalmente - logró evitar la expulsión del cuerpo de estos diputados y que se investigue el motivo, uno de los votos negativos lo aportó la diputada Natalia Sarapura.
Fueron los bloques del Frente de Izquierda y los Trabajadores y Unión por la Patria los que pidieron el apartamiento del reglamento para tratar el tema de la visita de Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci -todos de LLA- en el penal de Ezeiza a condenados por delitos de lesa humanidad, entre alguno de ellos, Alfredo Astiz, Carlos Guillermo Suárez Mason y Antonio Pernías.
Desde el FIT pidieron que la Cámara declare su rechazo a esta visita, en tanto que UP exigió que se expulse al grupo de diputados y diputadas que fueron al penal. En los dos casos, las mociones fueron rechazadas gracias al apoyo de los bloques como el PRO y la UCR, del cual forma parte la jujeña Natalia Sarapura.
Una votación extraña: mientras que la propia Rocío Bonacci votó a favor de su expulsión, quien fuera la primera ministra de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas de Jujuy por unos meses en la gestión de Morales, se negó a ello.
Sarapura asumió ese cargo en noviembre hasta unos días de diciembre de 2023, cuando concluyó el mandato de Gerardo Morales como gobernador. Durante ese tiempo, no hizo nada para defender a los jujeños y jujeñas de la violación de derechos humanos denunciados en la justicia y en organismos internacionales en el marco de la Reforma parcial de la Constitución.
La ex ministra tuvo un rol clave durante la gestión del ex mandatario y antes también: desde el 2015, en plena campaña radical, se dedicó a dividir a las comunidades indígenas de la provincia, aprovechando su trabajo territorial cuando estaba al frente del COAJ. Después de institucionalizar su tarea, profundizó las divisiones en comunidades ofreciendo proyectos turísticos y por detrás, los mineros con la promesa del desarrollo de los pueblos. Sin contar la contaminación y la entrega de agua dulce.
Con la llegada al Poder Ejecutivo de Carlos Sadir, el Ministerio de DDHH de la provincia pasó a Secretaría, su des jerarquización mostró que la cartera sólo sirvió de rótulo.
Pero Sarapura no fue la única diputada de la provincia que se negó a acompañar estos pedidos de expulsión e investigación de la visita a genocidas, el ahora libertario Manuel Quintar contó con su apoyo a la impunidad.
Por el contrario, Alejandro Vilca del FIT votó a favor de los pedidos de apartamiento.
El resto de las tres bancas jujeñas estuvieron ausentes en un tema que lastima la memoria.