Una apertura de la Asamblea Legislativa que dejó un duro discurso de Alberto Fernández sobre el accionar de la justicia, haciendo mención particular sobre la Corte Suprema -cuyos integrantes tienen pedido de juicio político-, oportunidad que Gerardo Morales aprovechó para criticar al presidente, cargo que intenta ocupar.
A través de una carta, que parece responder más a la necesidad de posicionarse en la escena pública, el gobernador de Jujuy sostuvo que sintió “tristeza, estupor e indignación” por el tono que utilizó Alberto Fernández respecto al funcionamiento del Poder Judicial en lo que fue la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.
En su carácter de presidente de la UCR, tal como resaltó, Morales indicó que “en el marco de la conmemoración de los cuarenta años de democracia, sus afrentas a los integrantes de la Corte Suprema, especialmente invitados para un evento que tiene carácter constitucional, es una grosería institucional sin antecedentes. Nos hace pensar a todos los argentinos que se trató de un convite para el escarnio público. Esto es inaceptable”.
Asimismo, consideró que las expresiones vertidas por el presidente fueron un “escrache legislativo” y que además buscan “influir en un proceso judicial en trámite, presionar a los jueces que deben determinar la responsabilidad penal de la vicepresidenta y, con eso, indebidamente busca garantizar su impunidad”.
Y agregó “Ud. habló de la República, le exijo que respete sus principios. Recuerde que la independencia del Poder Judicial es una garantía institucional para asegurar la igualdad ante la ley. Esa independencia garantiza que todos, inclusive los poderosos, respondan por sus crímenes”.
Por último, lanzó “hoy ha quedado en claro que, Ud. Señor Presidente, no respeta la República”.
Así, Morales hizo leña del árbol caído, pero omitió todos los cuestionamientos que existen en Jujuy sobre el desenvolvimiento independiente de la justicia respecto al Ejecutivo que él mismo conduce.
En ese sentido, hay que recordar que llegó al Congreso un pedido de intervención federal de la justicia jujeña. Este no prosperó no por faltas de pruebas, sino por la suspensión de la actividad parlamentaria por la pandemia.
Entre los señalamientos que existen es la ampliación del Superior Tribunal de Justicia de 5 a 9 integrantes, hecho ocurrido en 2016, a escasos meses de la asunción de Morales como gobernador.
La Legislatura, con el voto del oficialismo convirtió en ley la iniciativa del líder radical. Lo escandaloso fue el nombramiento de Pablo Baca y Elizabeth Altamirano como nuevos integrantes del máximo órgano de justicia de la provincia, siendo que ambos como diputado y diputada (del Frente Cambia Jujuy) habían votado la ley.
Así, el radicalismo ampliaba su presencia en el STJ: también se nombró a Federico Otaola -quien también supo ser legislador-, además de contar ya con la presidencia de Clara De Langhe de Falcone, lugar que debió dejar por sus dichos sobre la detención de Milagro Sala.
Dicha conformación se vería diluida.
Pablo Baca renunciaba en 2020 en medio de la polémica por la denuncia en su contra por abuso sexual.
La vacante quedó para Ekel Meyer, a pesar de los cuestionamientos por su falta de idoneidad, además de la flagrante muestra de la incidencia del Ejecutivo de Morales en la justicia. Meyer era su ministro de Seguridad.
Ya en 2022, se desató otro escándalo: 3 pedidos de juicio político contra integrantes del STJ al hilo despertaron todo tipo de sospechas.
Quienes sufrieron la baja fue la propia Altamirano (quien había votado la ampliación y nombrada luego), Falcone y Sergio González, el único no radical.
Sin embargo, Morales garantizó que el radicalismo siguiera teniendo presencia en el órgano, se nombró a Mariano Gabriel Miranda (que debió dejar su cargo de Fiscal de Estado, rol que accedió con la llegada a la gobernación del dirigente radical), María Eugenia Nieva (sí, de la familia radical) y Martín Francisco Llamas, el que fuera apoderado del PJ, lo que dejó en evidencia el acuerdo de Rivarola con el gobierno, dándole los votos en la Legislatura para que estos nombramientos se concretaran.
Eso sin contar la creación fuera de la ley del Ministerio Público de la Acusación, organismo que ejecutó la persecución contra Milagro Sala y dirigentes sociales con armado de causas.
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