El presidente Alberto Fernández junto a los gobernadores oficialistas recusarán a los miembros de la Corte Suprema y presentarán un pedido de revocatoria “in extremis” de la resolución cautelar dictada por el Máximo Tribunal, es decir, pedirle a los supremos que se desdigan de su propio fallo a partir de los nuevos argumentos. La sentencia de la Corte pretende otorgar fondos adicionales a la ciudad de Buenos Aires tras un largo enfrentamiento entre el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el resto de los mandatarios del país. El documento asegura que es “un fallo político en contra de las provincias argentinas y de imposible cumplimiento”.
“En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje (de coparticipación de la Ciudad) 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe. Sostiene, también, de manera insólita, que transferirle estos montos millonarios a la CABA no afecta a las provincias argentinas. Esto es completamente falso: esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación. En síntesis, en un fallo político, de cara al año electoral, la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA”, calificó el comunicado.
El texto surgió luego del encuentro que mantuvo este mediodía, algunos en persona y otros por zoom, el presidente con los mandatarios, junto al ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y el secretario general de la presidencia, Julio Vitobello. Los gobernadores se retiraron sin hacer declaraciones a la prensa, pero luego emitieron el documento firmado también por el presidente. “Esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento, toda vez que el Congreso Nacional aprobó por ley el presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad”. Una forma de decir lo que había anticipado el mandatario chaqueño Jorge Capitanich, quien propuso no cumplir con la decisión de Horacio Rossatti y el resto de los supremos.
Por su parte, los gobernadores y gobernadoras de las Provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán, anunciaron que, al verse afectadas las mismas en forma directa por la arbitraria decisión adoptada por la CSJN “instruirán a las autoridades competentes de sus jurisdicciones para que los estados provinciales soliciten ser tenidos por parte en el expediente, acompañando la recusación de los ministros firmantes de dicha medida cautelar y para que soliciten la revocación “in extremis” de la misma”.
Firmaron el texto, además del presidente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, de Catamarca, Raul Jalil, de Chaco, Jorge Capitanich, de Chubut, Mariano Arcioni, de Entre Ríos, Gustavo Bordet de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela; de San Juan, Sergio Uñac; de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.
En el texto explicaron que, en la actualidad, según la ley 27.606, vigente y aprobada por el Congreso Nacional en el año 2020, la Ciudad de Buenos Aires recibe, como lo hace desde el año 2002, el equivalente al 1,4% del total de los fondos coparticipables. Y además el monto equivalente al costo de funcionamiento de la policía de la Ciudad que se le transfirió en el año 2016.
Fuente: TA
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