La detención arbitraria de Nahuel Moranidni y Roque Villegas tuvo repercusión en el recinto del Congreso de la Nación, donde los legisladores nacionales por Jujuy , Guillermo Snopek de la bancada de Unión por la Patria, y Alejandro Vilca de la bancada del FIT contextualizaron la violencia institucional y la celeridad de la justicia jujeña como medidas disciplinatorias a los opositores al gobierno provincial. En tanto la legisladora radical Natalia Sarapura entre gritos, buscó defender a los denunciantes de los tuiteros..
El tema fue planteado en las cuestiones de privilegios donde Snopek explicó que “las cuestiones de privilegio se interpretan como beneficio para el legislador y no. Lo establece el reglamento interno art127, pero deriva de la CN en el ert 68 establece que : Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador”.
El planteo es sobre el poder judicial de la provincia de Jujuy, reclamo que desde la banca del Senado en el 2017, Snopek insiste con el tema: “en virtud a la persecución sistemática a la dirigencia política y al que opine distinto al gobierno de la provincia” afirmo el legislador
En su intervención Snopek denuncio persecución, relato que un auto del ministerio de Seguridad de la provincia estuvo en su domicilio en la capital jujeña, y el mismo móvil lo siguió al interior de la provincia. Destacó que tuvo que averiguar porque los ocupantes dijeron que era una móvil del Gobierno nacional.
“Replanteo el tema porque he pedido la intervención, se creó un Ministerio Público de la inquisición y alguien se planteaba una Reforma de la Constitución que se hizo a espaldas del pueblo a palo” señalo el legislador.
Además remarcó que la detención de los docentes por tuitear por 60 días de prisión preventiva “el Ministerio Público de la Inquisición continúa con la detención ilegal de dos ciudadanos por tuitear. Esto es una prueba más de cómo el Poder Ejecutivo utiliza al Poder Judicial para perseguir, amedrentar, y disciplinar a todos aquellos que se atrevan a hablar de Gerardo Morales”.
Snopek cerró su intervención en “Jujuy están dejando sin libertad”
En esa sintonía, el legislador Vilca, también se solidarizo con la causa armada contra los jujeños Morandini y Villegas presos por tuitear. Pidió la libertad de ambos.
Espejos radicales
En tanto que la legisladora radical Natalia Sarapura, levantó el guante que dejaron los legisladores , a los gritos expreso que “la justicia en Jujuy funciona, y que dos mujeres fueron violentadas”. Lo cierto es que mucho grito en su intervención para replicar el argumento del fiscal, del defensor de menores ante un hecho particular, privado y un delito inexistente, y eso se investigara aunque el caso tiene muchas irregularidades.
En cuanto a los derechos de los niños, niñas, adolescentes se deben garantizar, eso no se discute. Pero en el contexto que se plantea el delito de "supresión de identidad" a una menor es demasiado descabellado. Y sorprende aún más la celeridad del proceso judicial que se inició el 4 de enero con las detenciones de dos hombres, y el fiscal adelanto que elevarán a juicio los proximos días.
Vale recordar que Sarapura, fue la primera ministra de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas de Jujuy, cartera que duro pocos meses en la gestión anterior. Durante esos meses, la actual legisladora no defendió a las mujeres de las comunidades indígenas, docentes, niños reprimidos. Las fuerzas de seguridad de Jujuy arrebataron ojos a jóvenes, disparos en el rostro.. Durante esos meses de violación permanente a los derechos humanos, Sarapura no recordó ningún pacto internacional de derechos humanos, protocolos ni leyes para garantizar derechos a los jujeños y jujeñas. Los hechos de violencia institucional que se profundizaron en junio del 2023 con una Reforma Constitucional rechazada por la ciudadanía jujeña. Hace unas semanas niños y niñas desalojados de sus viviendas arbitrariamente. Todo ese escenario de violencia institucional, vimos esta tarde en el Congreso de la Nación. Son las mismas prácticas antidemocráticas.
El gobierno nacional acompañado por las fuerzas políticas de derecha buscan imponer la mega ley Omnibus que es resistida en la calle y donde usan las fuerzas de seguridad para reprimir al pueblo.