Entró en vigencia la Constitución reformada en Jujuy

No importaron las multitudinarias manifestaciones de la ciudadanía, las denuncias de sindicatos sobre la prohibición del derecho a la protesta y el despojo de las tierras que sufrirán las comunidades indígenas preocupadas por el avance de la explotación del litio, finalmente ayer en Jujuy entró en vigencia la Constitución reformada.

Con la publicación de la norma en el Boletín Oficial en el día de ayer, la nueva Carta Magna de la provincia comienza a estar vigente. Aunque habrá que ver cuánto dura, ya que Alberto Fernández advirtió que instruyó al Ministerio de Justicia para que “analice y eventualmente promueva las acciones de inconstitucionalidad de los artículos de la reforma” que “violan la Constitución Nacional y los tratados internacionales”.

Durante la conferencia de prensa, el presidente le pidió a Morales a que no utilizara al pueblo jujeño como “el banco de prueba de la represión y el saqueo”. Las declaraciones del mandatario nacional se produjeron luego de los diversos llamamientos que se realizaron desde varios organismos internacionales de derechos humanos por la represión ocurrida el día martes.

La bandera argentina manchada de sangre

El 20 de junio de 2023 quedará en la historia de la provincia como un día negro: Gerardo Morales con la complicidad del PJ juraba la nueva Carta Magna. En las calles, las manifestaciones eran violentamente reprimidas. Con policías infiltrados que atentaron contra las instalaciones de la Legislatura y el incendio de varios vehículos, el gobernador trató de justificar la represión de la ciudadanía, además de apuntar que eran sectores del kirchnerismo y la izquierda los autores de los episodios.

La brutalidad y la violación de los derechos humanos le valió la respuesta del presidente, la vicepresidenta, a quienes el propio Morales los señaló como responsables de los acontecimientos en Jujuy, pero también de organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales.

Lejos del panorama que pintó el dirigente radical, los reclamos eran totalmente genuinos: la reforma constitucional cercena derechos, además de permitir a quien gobierne tener mayor concentración de poder.

Fue la docencia la que tomó la posta del reclamo cuando iniciaron el 5 de junio un paro por tiempo indeterminado para exigir mejoras salariales. La consigna “arriba los salarios, abajo la reforma” no fue caprichosa: si se limita el derecho a la protesta, trabajadores se quedan sin la herramienta que permite peticionar a las autoridades sus reclamos (art. 32).

Así, a la docencia, luego se fueron sumando otros sindicatos.

Pero, el avance también iba en contra de las comunidades indígenas. El articulo 36 prepondera el derecho a la propiedad privada sobre la posesión comunitaria y ancestral, por lo que temen ser despojadas de sus tierras, en particular, las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, quienes conocieron la pretensión de Morales de licitar unas 11 mil hectáreas en la zona para la explotación del litio.

Dicho temor se desprende de la no modificación del artículo 94 y en su inciso número 1 establece que “la tierra es un bien de trabajo y producción”; mientras que en el número 2 establece que la ley regulará “la administración, disposición y destino de las tierras fiscales susceptibles de aprovechamiento productivo (...)”.

Cuando en septiembre del año pasado, el gobernador presentaba el proyecto de reforma, este sostenía que era la mejorar la “institucionalización de la paz social, establecer nuevos derechos y garantías, replantear aspectos del sistema político y de la Justicia”. Nada decía de las intenciones de eliminar las elecciones cada 2 años o que quien ganara se quedaría con la mitad más uno de las bancas de la Legislatura. Finalmente, este artículo no avanzó por decisión del PJ, fuerza que pese a haberse negado a aprobar el proyecto de necesidad de reforma en el parlamento (fue el diputado Fernando Posadas quien le concedió el voto que necesitaba el oficialismo para que se convirtiera en ley), sí acompañó el debate y la aprobación de la reforma en la Convención Constituyente.

El debate cerrado y lleno de irregularidades determinó la renuncia de dos convencionales del peronismo (Carlos de Aparici y Amelia de Dios), decisión que fuera seguida por todo el bloque del FIT-U, única fuerza que denunció los atropellos del oficialismo y el silenciamiento de los sectores de la sociedad.