“Es un proyecto que no va a mejorar la institucionalidad de la provincia”, dijo especialista sobre la reforma parcial de la Constitución jujeña

Este lunes la Legislatura jujeña comenzó a trabajar sobre el proyecto que envió el Ejecutivo respecto a la reforma parcial de la Constitución provincial, cambios que para un especialista en la materia “no va a mejorar la institucionalidad”.

Fue el abogado constitucionalista y defensor de los derechos humanos, Eduardo Barcesat quien manifestó sus dudas y críticas sobre las pretendidas modificaciones de Gerardo Morales a la Carta Magna jujeña, principalmente apuntó sobre dos cuestiones: el tema de la extensión de los mandatos y el aspecto represivo en contra de las protestas sociales.

“Creo que es una reforma un poco sospechosa, digo esto porque hay ciertas cosas benéficas”, indicó el abogado constitucionalista haciendo mención en lo que refiere a la ratificación de tratados internacionales sobre DDHH, algo que ya está incorporado en la Constitución Nacional desde 1994, por lo que no haría falta esta ratificación: “está en la Constitución nacional, si quieren repetirlo en la Constitución provincial, nada se opone a ello, pero en todo caso diría y permitanme la comparación tanguera escribir la cumparsita por segunda vez”, dijo en diálogo con Radio Nacional.

Sin embargo, sí salió a cuestionar otros aspectos. “Es sospechoso el tema de la definición de los mandatos, particularmente del poder Ejecutivo, que si bien apunta a todos los poderes, también a las funciones de la Legislatura y los municipios de limitar a dos mandatos, que no es irrazonable, pero me temo mucho que puedan disponer mediante una cláusula transitoria que se considere que a partir de la entrada en vigencia de la Constitución provincial reformada pueden a partir de ahí computarse dos períodos, entonces estaríamos de nuevo en que tendría dos mandatos el actual Ejecutivo jujeño cumplido bajo la dice la vigencia de la actual Constitución y dos posibilidades nuevas a través de esta reforma de la Constitución de Jujuy, esto sería lamentable porque en general cuando se hace una reforma referida a los cargos de los poderes que conforman el gobierno, en este caso provincial, esa reforma rige para un turno electoral más adelante, es decir, para que nadie se beneficia hoy o se perjudique hoy a consecuencia del cambio”, explicó Barcesat.

Asimismo, criticó lo que el gobierno de Morales pretende hacer pasar por acordar la “paz social”. En ese sentido, el abogado y defensor de los DDHH sostuvo: “no tengo la sospecha sino a la convicción” que se trata de una cuestión represiva, expuso.

Y desmintió “invocar normas o estándares de Naciones Unidas para reprimir la protesta social, eso no existe, es un invento que ha acudido el gobernador y sus acólitos y cuando uno mira la realidad, en la constitución sociológica real de Jujuy, en el que hay un mandamás que establece quien es el Ejecutivo, los legislativos actúan conforme a las iniciativas del Ejecutivo y el poder Judicial está integrado y supeditado a la voluntad de un mandamás tiemblo con la idea de una reforma constitucional”.

En ese sentido, Barcesat también resaltó la maniobra para desalentar la “intervención popular en el acto de la Reforma Constitución: además de ponerle bordes rígidos, es decir se trata lo que el Ejecutivo ha enviado al Legislativo y el Legislativo aprobará y ningún otro tema que pudiera ser de interés”, también debe sumarse que “ acompañado por el hecho de la gratuidad ad honorem de los cargos, ningún ciudadano o habitantes se postule o quiera competir contra quienes actualmente podrían cumplir con esa función y responder puntualmente a los mandatos del Jefe de Gobierno actual”, es decir a Morales.

Así, el abogado constitucionalista concluyó “diría que es un proyecto que no va a mejorar la institucionalidad de la provincia y que en cambio corre el serio riesgo de acrecentar y concentrar poderes en la figura del actual Ejecutivo que podría tener, esto es una hipótesis, pero muy fuerte, una autorización constitucional para los nuevos mandatos”.