“Especial atención”, el pedido ante la ONU por Milagro Sala y el funcionamiento de la justicia en Jujuy

Ya se cumplieron 6 años y 9 meses de la detención de Milagro Sala por orden de Gerardo Morales, situación que agrupaciones internacionales denunciaron ante la ONU, organismo al cual pidieron que preste “especial atención” sobre los procesos irregulares que afronta la lideresa y el funcionamiento de la justicia en Jujuy.

La presentación fue realizada por la AIJD y la AIAD (Asociación Internacional de Juristas Demócratas y la Asociación Internacional de Abogados Democráticos), ambas reconocidas ONG como entidades consultivas especiales por el Consejo de Derechos Humanos.

En un documento, en la cual catalogaron a la detención de la lideresa de la Tupac Amaru como “arbitraria, las agrupaciones detallaron cronológicamente como sucedieron “la vulneración a sus derechos humanos, la existencia de un plan de espionaje ilegal, el armado de nuevas causas judiciales son formas de reprimir y hambrear al pueblo jujeño”.

Allí, mencionaron la ampliación de STJ, donde ingresaron dos legisladores del radicalismo (Pablo Baca y Beatriz Altamirano), la creación del MPA como órgano independiente de la justicia sin haber reformado la Constitución (algo que recién ahora se incluirá para darle legalidad) y que fuera decisivo en el armado de causas contra Milagro Sala.

Dada las irregularidades y arbitrariedades que padece la dirigente, 6 causas fueron informadas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (entre ellas las denominadas “acampe”, “megacausa”, “Campo Verde”, además del juicio que atraviesa ahora por la extracción y destrucción de un expediente judicial).

En ese sentido, la AIJD y la AIAD expusieron “denunciamos ante el Consejo de Derechos Humanos que los requerimientos de elevación a juicio de los distintos procesos cuasi legales, no contienen indicación de fechas, ni modos de comisión de los delitos que le imputaban. Milagro llegó a cada juicio sin conocer concretamente porqué estaba sentada frente a un tribunal”.

Asimismo, destacaron “la falta de claridad y sorpresa constante sobre los hechos de las acusaciones contra Milagro fue continua y no fue despejada en las instancias superiores de revisión. Tampoco le permitieron incorporar pruebas periciales, documentales y testimoniales de descargo”, además de recordar que la causa Pibes Villeros, Sala fue “excluida del debate oral por más de 60 días, desde el 30 de agosto al 6 de noviembre de 2018. La expulsión se dispuso por un hecho que ocurrió́ fuera del tribunal, en el marco de otra causa, y no puso en riesgo la continuidad del juicio”.

Todo ello, en medio de un absoluto hermetismo dictado por el tribunal, que impidió conocer las irregularidades y denuncias que realizó Sala durante el proceso.

Para ambas organizaciones “la persecución política, judicial y mediática a la que es sometida Milagro Sala y sus compañeros de la Organización Barrial Túpac Amaru tiene una autoría intelectual política y judicial clara: el gobernador Gerardo Morales y algunos miembros del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy”.

Y consideraron que ello tiene como objetivo “diezmar la organización popular que logró quebrar el monopolio en la obra pública de viviendas sociales y construir presupuestos participativos en la materia, que puso en jaque al sistema político y económico jujeño al denunciar pactos mafiosos con la última dictadura cívico, eclesiástica y militar, y que dio prioridad y protagonismo a las personas más excluidas, indígenas, desocupados y desocupadas, discapacitados, jóvenes, como sujetos de derechos y de transformación social”.

Frente a ello, pidieron a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y a los relatores especiales de minorías, sobre la tortura y sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión “que presten especial atención, cada uno en el marco de su proprio mandato, a la situación en la provincia de Jujuy y tan bien a la situación de Milagro Sala”.