Fake news y hostigamiento a periodistas: Amnistía Internacional denunció al gobierno de Milei ante la CIDH

Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Sección Argentina, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un “deterioro y afectación del ejercicio de la libertad de expresión e información en Argentina”, mediante una carta dirigida al órgano de la OEA que promueve y protege los derechos humanos en América.

En el escrito, Belski hace hincapié en dos ejes para fundamentar la acusación contra el Gobierno de Javier Milei: “el ensañamiento y agresión contra periodistas, utilizando las redes sociales y otras estrategias para generar el efecto de silenciamiento y 'asesinato de reputación'; y las restricciones en el acceso a las ruedas de prensa presidenciales y censura previa hacia periodistas”.

“El actual gobierno lleva pocos meses de gestión, sin embargo, estamos siendo testigos de cómo la confrontación, odio, temor y las noticias falsas violan reglas básicas del Estado de derecho”, señaló la representante de Amnistía Internacional Argentina. 

Según Belski, “la red socio-digital X” (ex Twitter) se convirtió en la herramienta preferida del gobierno para los señalamientos y acusaciones. A través de posteos y reposteos, los periodistas y comunicadores han estado en la primera línea de ataque: “mentirosos”, “ensobrados”, “idiotas”, “violentos”, “agresivos”, “despreciables”, “imbéciles”, son algunos de los calificativos e insultos elegidos”, detalla. e

Entre los señalados están Jorge Lanata, Jorge Fontevecchia, María O´Donnell, Marcelo Bonelli, María Laura Santillán, Martín Rodríguez Yebra, Joaquín Morales Solá, y en las últimas horas se sumó Marcelo Longobardi, calificado como “dinosaurio”, “idiota”, “chanta” y “pifiador serial” a través de la cuenta del presidente.

En el escrito, la organización internacional también cuestionó “la arbitrariedad con la que el gobierno decidió remover la acreditación de la periodista Silvia Mercado”. Y alertó sobre “el anuncio del vocero de la presidencia de dictar lineamientos para la acreditación a Casa Rosada que pudieran devenir en un ejercicio arbitrario y selectivo para limitar las voces que pueden preguntar e indagar sobre las medidas de gobierno”.

Amnistía Internacional reveló también que, este tipo de ataques “suele tener un anclaje más profundo cuando las víctimas son mujeres. Esto impacta directamente no solo en la reducción del debate público sino también en la salud de las personas afectadas”, remarcaron.

Para la organización que promueve y protege los derechos humanos en el mundo, “una prensa independiente y crítica constituye un elemento fundamental para la vigencia de un Estado de derecho. Cuando quien agrede es el presidente de la Nación está claro que tendrá efectos aún más profundos sobre el discurso de otros, poniendo en riesgo el derecho a la libertad de expresión y la información. Pero, además, la descarga de odio contra los profesionales de prensa no hace sino habilitar y promover el hostigamiento, las amenazas y la violencia. En efecto, la palabra del funcionario es seguida de un aluvión de mensajes que reproducen agresiones y hostilidad”, sostienen.

Y agrega: “La libertad de expresión y de prensa son derechos fundamentales reconocidos en los tratados internacionales, los cuales tienen jerarquía constitucional. Por eso, Amnistía Internacional considera urgente que la CIDH y las Relatorías Especiales tomen conocimiento de estos graves hechos; y, entre otras medidas, exhorten al Estado argentino a que se abstenga del uso de discursos y mensajes criminalizantes y a establecer recomendaciones específicas sobre el rol de los funcionarios públicos y el impacto de las comunicaciones del Estado en el rol del periodismo”.

Por otra parte, Amnistía consideró que “la confrontación, el odio o la pelea funcionan hoy en Argentina como una técnica de distracción para que las personas desvíen la atención de lo importante y se fijen en un punto de interés alternativo”, teniendo en cuenta el crítico panorama socio-económico que atraviesa el país.

Así, el documento expone que desde con construcción de la idea de casta que acuñó el presidente para apuntar a vieja dirigencia política, terminó por expandirse y usarlo contra “parte de la sociedad que no piensa o adhiere a las ideas del gobierno. De este modo, el concepto es funcional a la creación de este enemigo”.

Así, AI pidió a la CIDH que exhorte al Estado argentino “a que se abstenga del uso de discursos y mensajes criminalizantes sobre la labor de periodistas y medios de comunicación” y garantice la libertad de expresión.

Fuente: DiarioAR