Una investigación judicial que destapó el manejo discrecional de varios gobernadores respecto a la repartición del programa Potenciar Trabajo y que salpica en Jujuy a Freddy Morales, hermano de Gerardo Morales con más de 400 empleados públicos entre sus beneficiarios.
Otra vez es el fiscal Guillermo Marijuan es el que pone en aprietos a la familia del ahora ex gobernador: en 2019 impulsaba una denuncia para investigar a Cannava SE, dirigida por Gastón Morales -hijo de Gerardo Morales- al considerar que la empresa jujeña creada para la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, en realidad era sólo una pantalla usada contra la ley de drogas 23.737.
Volviendo a los tiempos actuales, el funcionario judicial ahora es el encargado de investigar las irregularidades del programa Potenciar Trabajo. Así, Marijuan cruzó la base de datos de beneficiarios y beneficiarias con la de trabajadores dependientes de 14 provincias que accedieron a entregar dicha información. Como resultado, se constató que había 4.588 empleados/as públicos que percibían el plan social.
A raíz de ello, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello ayer confirmaba la baja del programa de estos más de 4 mil trabajadores estatales, además de dar a conocer la lista completa con nombres y el área que dispuso su contratación.
En el caso de Jujuy, los casos de la entrega de los planes sociales a trabajadores ascienden a 433 en total. De la misma manera, empleados y empleadas habían sido nombrados en la esfera pública por la Secretaría de Gobernación, mediante la Dirección Provincial de Personal.
Parte de la lista de trabajadores provinciales que percibían el Potenciar
Dicha Secretaría era manejada por Freddy Morales, hermano de Gerardo Morales, gobernador por aquel entonces, mientras que la Dirección estaba a cargo del contador Ricardo Sabino Garzón. A pesar del cambio de gestión, Freddy Morales sigue manteniendo un lugar dentro del Ejecutivo: Carlos Sadir lo nombró como su Jefe de Gabinete, mientras que Garzón mantiene su cargo.
Por la maniobra, Freddy Morales podría ser acusado del delito “defraudación contra la Administración Pública”, dado las claras incompatibilidades en la entrega del plan social a quienes ya tenía trabajo, como así también por “violación de los deberes de funcionario público”.