En horas del mediodía de ayer, el ministro de Gobierno de Bolivia informaba sobre la detención del gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por su presunta participación en el golpe de Estado que sufriera Evo Morales, por aquel entonces presidente del vecino país, situación que tocó al mandatario jujeño, Gerardo Morales, que criticó la captura del dirigente boliviano y abogando por la desestabilización en Bolivia.
Fue mediante su cuenta de Twitter, que el líder radical se hizo eco de sucedido: “causa grave preocupación la situación que está viviendo el Gobernador de Santa Cruz en Bolivia, quien fue detenido en circunstancias dudosas y poco claras, que están dando lugar a serios y diversos cuestionamientos a nivel local e internacional”, comenzó la publicación.
Asimismo, además de cuestionar la legalidad de la captura de Camacho, Gerardo Morales también apuntó a la gobernabilidad en Bolivia y señaló “este lamentable hecho puede significar el comienzo de un nuevo periodo de profunda inestabilidad política que va a dañar al pueblo boliviano”.
Y agregó “como presidente de UCR Nacional, cuya bandera es la defensa de los DDHH en la región, brego para que los Organismos Internacionales de Derechos Humanos activen de inmediato los mecanismos que el derecho internacional contempla frente a estos actos de persecución política que violentan los pilares de la democracia y del Estado de Derecho en toda la región”.
La defensa del gobernador jujeño a su par boliviano no es casual: su ministro de Gobierno y Justicia, Normando Álvarez García es investigado por la justicia argentina por el contrabando de armas a Bolivia.
En medio del conflicto diplomático, el gobernador jujeño condecoró a su ministro por su actuación durante la represión ejercida por el gobierno de facto de Añez.
Usuarios y usuarias de la misma red social rápidamente respondieron acerca de la situación irregular de la detención de Milagro Sala, además de señalar la constante persecución y hostigamiento de la cual es víctima.
La huida de Evo, la represión y nuevas elecciones
En noviembre de 2019, Evo Morales es derrocado. Meses y meses de protestas de la oposición luego de su triunfo en las urnas por un nuevo mandato como presidente ocasionó la salida/huida del líder del MAS.
La violencia en las calles ya estaba instalada. A pesar de ello, Mauricio Macri y su canciller, Jorge Faurie se negaron a hablar de golpe de Estado y catalogaban de una “solución política” en curso, aún cuando las fuerzas armadas se declaraban “prescindentes”.
Así, Jeanine Añez se autoproclama presidenta del país. En diciembre, Macri ya consideraba a Jeanine Añez como “presidenta electa”.
La situación generó protestas masivas que exigían el retorno de Evo Morales. Las mismas fueron reprimidas y dejaron un tendal de víctimas fatales, Senkata y Sacaba las ciudades sitiadas por las fuerzas del orden.
Cuestionada y casi no reconocida por los demás países, Añez debió convocar a elecciones, las cuales, casi un año después del derrocamiento de Evo Morales fueron ganadas por su sucesor: Luis Arce.
La llegada al poder de quien fuera ministro de Economía del presidente depuesto trajo consigo una investigación sobre lo ocurrido en 2019.
Jeanine Añez fue la primera detenida y condenada a 10 años de prisión por los delitos de “incumplimiento de deberes” y “resoluciones contrarias a la Constitución” en la llamada causa Golpe de Estado II. Además, la ex autoproclamada mandataria enfrenta otra investigación Golpe de Estado I, la cual investiga los violentos hechos ocurridos previos a la caída de Evo Morales.
Por otra parte, la represión en Senkata y Sacaba develó el apoyo del gobierno de Cambiemos al gobierno de Añez: un arsenal de enviado a Bolivia con el supuesto fin de defender a la Embajada y la Residencia diplomática fue desviado a la policía del vecino país.
Sobre esto, el actual embajador en Bolivia, Ariel Basteiro indicó “la situación tiene un estado de avance muy importante en Bolivia, en Argentina, no sé si es motivo de las prácticas judiciales que hay en nuestro país, que son más lentas o es una intencionalidad del partido judicial, la causa en la Argentina viene más demorada” respecto a la investigación por el contrabando de armas.
Y destacó el embajador “en Argentina tan solo hasta el momento han declarado los gendarmes que vinieron como el grupo Alacrán para custodiar la embajada y la residencia, otro piloto de la fuerza aérea que cargó el avión, más allá que esté imputado Mauricio Macri, Patricia Bullrich, el canciller Faurie, el embajador Normando Álvarez García, Marcos Peña, el Ministro de Defensa, los de gendarmería, el responsable de la aduana, el responsable del organismo que controla armas en nuestro país, todavía no han sido llamados a declarar”, apuntó Basteiro.
Por otra parte, el funcionario argentino en Bolivia destacó “en Bolivia, a diferencia de la Argentina se encontró la prueba del delito, se encontraron las municiones, parte de ellas en la policía al principio y un par de meses después se encontró el resto de las municiones en diferentes dependencias de la fuerza aérea boliviana”.
El contrabando de armas pudo haber originado un conflicto diplomático entre ambos países. Estas municiones llegaron a Bolivia a través de la embajada, la cual estaba bajo la tutela de Normando Álvarez García. “Aparentemente se usó unos 3 mil, 4 mil cartuchos en la represión de Senkata y Sacaba que generaron unos 34 muertos, faltaría investigar si algunas de esas balas fueron de procedencia argentina, de ese contrabando que se llevó a cabo durante el gobierno de Macri a la dictadura de Añez”, sostuvo Basteiro.
La prueba contra el ministro de Gerardo Morales es irrebatible “aquí está procesado Terceros Lara, qué era el general que a través de una nota le agradecía a Normando Álvarez García las municiones”.
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