Mientras que Gerardo Morales amenaza con ampliar la denuncia con familiares de Nahuel Morandini, uno de los presos por tuitear, ayer, el estudio jurídico de sus defensores fue misteriosamente violentado.
Fueron los propios abogados quienes dieron a conocer la mala noticia mediante un comunicado y soslayaron las sospechas sobre el caso.
“En el día de hoy (por el lunes), al llegar al estudio que compartimos Elizabeth Gómez Alcorta, Damián Loreti, Marcos Aldazabal y Juan Martin Mena (de licencia desde 2019), nos encontramos con que la puerta había sido forzada. Las cerraduras fueron destruidas, pero los intrusos no pudieron entrar. El estudio está en un edificio con tres pisos de departamentos, pero nuestra puerta fue la única violentada. Los delincuentes entraron al departamento de abajo por una ventana. Allí, desconectaron cámaras de seguridad y robaron filmaciones de esas cámaras. El único objeto de valor que sustrajeron de esa unidad fue una billetera”, detallaron.
Sobre las sospechas, el parte apuntó “esta es la segunda vez que un estudio jurídico al que pertenecen los actuales socios es violentado. En 2018, hubo un ingreso al estudio que compartían Elizabeth Gómez Alcorta y Marcos Aldazabal, y en el que también funcionaba el Movimiento de Profesionales para los Pueblos (MPP), una organización de derechos humanos. En esa ocasión, quienes entraron al estudio revolvieron papeles y se llevaron las computadoras de Elizabeth Gómez Alcorta y los abogados del MPP. Dejaron, en cambio, todo otro objeto de valor. Al otro día, Gómez Alcorta recibió notificaciones de que una persona quería ingresar a su email. Al igual que en esta ocasión, en 2018 el estudio Gómez Alcorta y Aldazabal fue el único departamento del edificio en que se ubicaba al que se dirigieron quienes lo robaron”.
Cabe recordar que tanto Gómez Alcorta como Aldazabal son defensores de Milagro Sala y también Nahuel Morandini, uno de los presos por tuitear. El intento de violentar la entrada del estudio se da paralelamente a los anuncios de Gerardo Morales de ampliar su denuncia a familiares de Morandini (quien los acusó de formar parte de la Tupac Amaru, sólo por pedir por la libertad de la lideresa), a medios de comunicación que acusó de “extorsionarlo” y a la diputada Lilia Lemoine (que señaló que el ex gobernador se había realizado un estudio de ADN y le había dado negativo por la paternidad de su hija), aunque omitió decir su nombre, refiriéndose sólo como “libertaria”.
Frente al sospechoso hecho, desde el estudio jurídico indicaron que realizaron la denuncia policial correspondiente “y aguardaremos los resultados de la investigación. También comunicaremos la situación al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Aun así, queremos marcar nuestra preocupación ante el intento de ingreso a un estudio jurídico cuyos abogados están a cargo de causas de relevancia pública. Especialmente, cuando fue uno de los únicos dos departamentos del edificio atacados, y, en el otro, la actividad delincuencial prácticamente se limitó a desconectar cámaras de seguridad. El antecedente de 2018 también fomenta nuestra preocupación”.