Morales miente en TN/13, miente en la Rosada. Aquí en Jujuy miles y miles de jujeñas y jujeños marchan todos los días por las calles pidiendo comida. La droga y la desocupación hacen estragos en los barrios populares, muy lejos de aquel slogan paz, unión y trabajo.
Lo mismo ocurre en el ámbito de la justicia: para elegir jueces no se cambió en nada la Constitución , salvo exigir a los postulantes un concurso de oposición pero que no es requisito para ingresar nada menos que al tribunal de mayor jerarquía). En los hechos Morales sigue utilizando la discrecionalidad para seleccionar los magistrados.
De esta manera, en el Superior Tribunal de Justicia las cosas siguen como siempre: el gobernador los elige y manda a la escribanía que tiene en la Legislatura con la complicidad de parte del PJ jujeño liderado por Rubén Rivarola.
Así, el gobernador, tal como lo hizo en su primera gestión, sigue sin brindar respuestas a los distintos sucesos escandalosos que ocurrieron en la provincia bajo su mandato.
Testimonio de ello, es que por el COVID murieron cerca de 10.000 personas para una población de 700 mil habitantes: la tasa de mortalidad más alta del país. Motivo: un sistema sanitario destruido por su propia gestión.
Morales continúa mintiendo a la opinión pública tomando créditos con los que endeudó a Jujuy por varias generaciones y NO dice cómo se devolverán esos miles de millones de dólares y pesos garantizados con la coparticipación.
Otro temita, las inauguraciones sin obras en 5 años: prometió 10.000 viviendas y entregó apenas 1500 (el 80% ya estaban construidas).
Entre lágrimas tocó la campanita del Tren en la Quebrada, se endeudó y el único tramo que se ve sale de Tumbaya y llega a Tumbaya
De las 600 cámaras de seguridad compradas a los chinos y que se pagan religiosamente, no existe ninguna.
Y la lista de lo que no dice puede continuar.
En ese contexto, el mandatario jujeño parece seguir con la estrategia de avanzar en el sistema de impunidad con la propuesta del Ministro de Seguridad El Meyer para integrar el órgano máximo de la Justicia jujeña.
Así, Gerardo Morales exhibe sin tapujos su más absoluta falta de respeto por cualquier principio republicano de división de poderes en la provincia y su carencia de escrúpulos para controlar el poder judicial. Son todos los ciudadanos jujeños los afectados, de este modo el gobernador ostensiblemente quiere seguir disponiendo de la justicia Jujeña para perseguir a cualquier opositor quitándole las garantías de un justo proceso como cualquier gobierno democrático debe garantizar.
Pero además el control del Superior Tribunal de Justicia -la instancia superior del poder judicial- por medio de radicales obsecuentes le permite amparar el accionar de sus propios funcionarios cuestionados y con causas abiertas como el conductor del ministerio Público de Acusación, denunciado por violencia de género, nombramiento de ñoquis y el otorgamiento de autos secuestrados a distintos integrantes del poder ejecutivo.
En detalle, sobre la ocupación de los correligionarios en la justicia hay que recordar que apenas asumido Morales envió a la Legislatura el proyecto para la ampliación de 5 a 9 vocales dentro del STJ, entre los que designa a dos diputados radicales (Pablo Baca -quien llegó a ocupar el rol de presidente, cargo que dejó tras la denuncia de abuso sexual que pesa en su contra- y Beatriz Altamirano. Asimismo, también pasaron a ocupar un lugar en la corte jujeña Federico Otaola, abogado y ex candidato radical.
Se suma el caso paradigmático de la detención de Milagro Sala.
El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria examinó el caso de la dirigente social y determinó que su detención era arbitraria y abusiva, obligando al gobierno nacional de Mauricio Macri a liberar inmediatamente a Sala de acuerdo con los tratados ratificados por Argentina. El gobierno argentino nunca le dio respuesta.
En la misma dirección giraron organismo de derechos humanos de la región, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en 2017 pidió al Estado Nacional que garantice la vida e integridad personal de la lideresa “en el contexto de la detención preventiva que actualmente se encuentra. Sin embargo, de acuerdo a la Comisión, el Estado incumplió estas medidas cautelares y agudizó la situación de riesgo para la señora Sala. Explicó que Argentina adoptó provisiones que profundizan su situación de hostigamiento y estigmatización y que pondrían en serio riesgo su integridad personal y su vida”.
Organismos como Amnesty Internacional, la OEA (Organización de los Estados Americanos), como así también 27 miembros del Parlamento Europeo, han pedido la libertad de Milagro Sala, apuntando a su arbitrariedad. Pese a ello, tanto Macri como Morales, han desoído todas las recomendaciones.
Cabe preguntarse, es que Morales ¿pretende seguir exhibiendo como "obras de gestión" el encarcelamiento de líderes sociales, con causas armadas y prisiones violatorias de cualquier derecho humano, admitiendo de manera obscena que hace lo que quiere con la justicia en Jujuy?
No por nada descansa en el Congreso Nacional un pedido de intervención federal de la justicia jujeña.
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