La llegada de Gerardo Morales a la gobernación en 2015 trajo consigo una reforma en la justicia: apenas asumido envió un proyecto para ampliar el Superior Tribunal de Justicia -STJ-, con ello, 2 legisladores de su frente pasaron a formar parte del máximo órgano de justicia de Jujuy, pasados los años, otra reforma encubierta se lleva a cabo con el pedido de juicio político contra 3 vocales, de los cuales, el mandatario ya decretó la salida de dos.
El pasado 21 de abril, en la última sesión ordinaria de la Legislatura ingresaron 3 pedidos de juicios políticos: al ya conocido caso de Beatriz Elizabeth Altamirano, se sumó el de Clara Aurora De Langhe de Falcone y Sergio González.
La estrategia que utilizaron las 2 vocales y su par fue la de presentar sus renuncias para evitar el escándalo y perjudicar su reputación.
Altamirano presentó su dimisión al propio gobernador, mientras que Falcone y González al presidente del STJ, Federico Otaola.
Tanto Falcone como González cumplen con los requisitos para jubilarse, por lo que la renuncia era la solución más viable.
Pese a la seriedad y complejidad que requiere evaluar estas dimisiones -que representan un tercio del cuerpo del STJ-, Morales aceptó con celeridad las renuncias de Altamirano y Falcone.
Renuncias aceptadas de las juezas
¿Favor o castigo?
Fue el 29 de abril, que el gobernador decretaba la salida de Clara de Langhe de Falcone y Elizabeth Altamirano del STJ. No ocurre -o no se conoce- que pase eso con González.
¿Cuál es la diferencia?, tanto Falcone como Altamirano pertenecen al radicalismo, mientras que González es un reconocido peronista.
Ambas mujeres pasaron por la Legislatura dentro del bloque de la UCR. Altamirano fue quien, junto a Pablo Baca votaron la ampliación del STJ y pasaron a conformar el mismo.
Si bien el pedido de destitución sobre Altamirano pesa sobre el supuesto incumplimiento de sus deberes como funcionaria pública, el trasfondo parece ser otro: la jueza falló contra Tulia Snopek respecto un juicio por alimentos de la propia madre de la primera dama jujeña.
La historia de Falcone es otra: la jueza ya tenía un pedido anterior de juicio político por la posible comisión del delito de supresión de identidad, retención y ocultación de un menor de 10 años, tal como se sospecha sobre su hijo, causa que no tuvo avances hasta el momento, pero que el titular del MPA, Sergio Lello Sánchez -quien tiene una disputa con la jueza- parece que reflotará.
Asimismo, también Falcone está acusada de su declaración jurada de bienes y dictar órdenes fuera de su órbita, además de ser señalada por abuso de autoridad y tráfico de influencias tras el nombramiento de familiares en el poder judicial.
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