La detención del senador Edgardo Kueider en Paraguay, portando más de 200.000 dólares, criptomonedas, pesos argentinos y paraguayos, en uno de al menos cinco viajes realizados en los últimos meses, vuelve a poner en evidencia la existencia de los mecanismos de corrupción denunciados por el Frente de Izquierda desde los inicios del tratamiento de la Ley de Bases y el Paquete Fiscal.
Christian Castillo, uno de los autores del proyecto que el FIT presentó este jueves en el Congreso, destaca que si estas leyes fueron aprobadas, fue gracias a los votos de Kueider (que había llegado por la boleta del entonces Frente de Todos, encabezada en su fórmula presidencial por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner), como los de la senadora neuquina Lucila Crexell (del Movimiento Popular Neuquino) y del correntino Carlos Espínola (electo también en las listas del peronismo), que hasta entonces venían votando con la oposición. Sus votaciones, como recuerda Castillo, fueron claves para el empate de 36 a 36 votos que habilitó a la vicepresidenta Victoria Villarruel, titular del Senado, a desempatar.
Aquella fue una muestra más de un tratamiento que desde su origen estuvo completamente viciado, repleto de maniobras en el debate en comisiones y en el recinto de ambas Cámaras, con múltiples denuncias por coimas, cohechos, sobornos y pagos irregulares, incluso por posibles asignaciones de recursos públicos y/o contratos con el Estado, que “pueden haber interferido o viciado voluntades durante el tratamiento y en pos de la aprobación de estas leyes”, como vuelve a denunciar la izquierda con el proyecto de ley que reproducimos abajo.
“La expulsión de Kueider confirma que se pagaron coimas para aprobar la Ley Bases. Por lo tanto, la ley es nula”, explicó al respecto Myriam Bregman, en tanto que su compañero Nicolás del Caño destacó que “quedó expuesto ante todos que la ley bases es la nueva Ley Banelco y lo venimos denunciando hace meses, ya no pueden mirar para otro lado”.
Recordemos que, con las prácticas de lo más rancio de la casta política, y en un salto procedimental para la institucionalización de la “rosca parlamentaria”, a espaldas de las amplias mayorías sobre las que recaen sus consecuencias, la Ley Bases y el Paquete Fiscal se trataron en medio de brutales represiones orientadas a respaldar su votación con una mayor criminalización de la protesta social, con decenas de detenidos, heridos y hospitalizados en el marco de las movilizaciones al Congreso en rechazo a estas dos leyes.
“La represión y la corrupción fueron las herramientas de las que se valió el gobierno, junto a la oposición colaboracionista, para hacer pasar estas mega leyes que condensan un retroceso de más de un siglo en materia de derechos laborales y democráticos”, enfatizó Alejandro Vilca.
La delegación de facultades al presidente Javier Milei; el ataque al empleo público y a la estabilidad laboral; el saqueo, el avance del extractivismo y la entrega de bienes comunes naturales, son algunas de las múltiples disposiciones que se desprenden de esas mega-leyes que la izquierda busca que se anulen en el Congreso Nacional.