La maniobra delictiva de Morales para financiar su campaña presidencial

"Estamos haciendo bastante esfuerzo propio, todos los funcionarios están haciendo aportes todos los meses, estamos descontando todos los meses del sueldo”, manifestó entre risas Gerardo Morales cuando le consultaron sobre el financiamiento de su campaña presidencial, afirmación que no ruborizó a nadie de los presentes, aún cuando la maniobra puede considerarse un delito.

Sin ruborizarse y con la complicidad de Guillermo Jenefes -conductor del programa Detrás de las noticias, donde se realizó la entrevista- el gobernador expuso la poca transparencia y honestidad con la que se maneja su gestión.

En principio, lo manifestado por el gobernador viola la ley nacional 2 6.215 respecto al financiamientos de los partidos políticos en el país. En la misma, el artículo 15, el punto g establece la prohibición de “contribuciones o donaciones de personas que hubieran sido obligadas a efectuar la contribución por sus superiores jerárquicos o empleadores”.

Tomando lo que manifestó Morales, el aporte de sus funcionarios y funcionarias es por descuento, por lo tanto, no es un pago voluntario y, si no es voluntario es obligatorio.

Por otra parte, si se toma los criterios de la justicia jujeña, a Gerardo Morales le cabría la figura de “asociación ilícita” y “extorsión”.

En julio de 2022, domicilios de comedores, organizaciones sociales y dirigentes eran allanados con el fin de investigar dichas figuras. Todo ello, derivado de la actuación de oficio del fiscal Diego Funes -especializado en Delitos Económicos y contra la Administración Pública- tras supuestas denuncias del descuento compulsivo que hacían las organizaciones a beneficiarios/as de planes sociales.

En total, siete dirigentes fueron convocados a juicio, entre ellos, Gonzalo Maurin, quien se hizo eco de las polémicas declaraciones del líder radical sobre el financiamiento de su campaña.

“El gobernador Gerardo Morales dice que hace descuento a los sueldo de todos sus funcionarios para pagar su campaña política para su ambición personal presidencial” comenzó el posteo en sus redes sociales.

Comparando con lo sucedido con las organizaciones sociales señaladas por asociación ilícita y extorsión, Maurin consideró “pero si las y los trabajadores de la economía popular, si las y los vecinos en los barrios más postergados se organizan para mantener un merendero, un comedor para alimentar a las niñeces, adultos mayores, familias en general que están en situación de indigencia donde el gobierno de Jujuy está ausente, si se organizan para comprar materiales o máquinas para generar trabajo en cooperativas, ahí nomás nos persigue, allanan nuestras casas, inventan causas, nos tildan que extorsionamos y amenazamos a la gente que se quiere organizar para combatir el hambre y la desocupación que Morales no soluciona”.

En la misma dirección, el dirigente social cuestionó “¿la justicia le allanará la casa a el gobernador por esto? ¿Lo investigarán por asociación ilícita, amenazas coactiva o extorsión? ¿Aparecerá un testigo para que le inventen una causa?”.

Por último, apuntó “¿Por qué piensa que los funcionarios que cobran sueldos jugosos pagado por el Estado, por nuestros impuestos, que ponen supuestamente convencidos para pagar la campaña de su ambición personal presidencial y eso está bien? Y ¿por qué si es que las y los más humildes y postergados, se organizan de manera colectiva y comunitaria, para combatir el hambre y desempleo eso está mal?”.

Quien también expuso la conducta violatoria del mandatario jujeño fue la diputada (MC) Alejandra Cejas que opinó “saca plata como lo planero que es, no paga lo que tiene que pagar y encima les saca la plata. ¿Ahora entendes por qué va de candidato el contador que tiene?”.

Asimismo, replicó “¿la AFIP ya le cayó a Casa de Gobierno a ver que plata saca y adónde va? Es malversación de fondos... mínimo lavado ... ahhh y extorsión... ninguno de los mangoneados está feliz de que le saquen todo el sueldo”, sostuvo.

La impunidad de Morales se debe al sistema judicial de la provincia: “la justicia corrupta y mafiosa no toma denuncias... son una mafia los radicales”, concluyó Cejas.

Por lo pronto, la Oficina Anticorrupción tampoco está actuando al respecto, aunque ello no produce sorpresa. Apenas asumida como titular de dicha dependencia, Josefa Herrera sostenía públicamente: “voy a tener independencia porque son las instrucciones del Señor Gobernador”.