La reunión de ex funcionarios macristas para armar la estrategia de defensa por el envío de armas a Bolivia

Conforme pasan los días y avanza la investigación por el presunto contrabando de armamento a Bolivia tras la caída de Evo Morales, ex funcionarios de la gestión de Mauricio Macri se reunieron días atrás para ponerse de acuerdo en lo que refiere a la defensa judicial tras haber sido imputados.

La aparición de pruebas sobre el envío municiones de forma ilegal hizo que quienes están siendo señalado debieran apartarse de la primera postura de negar el hecho y tener que considerar una estrategia en común para delimitar responsabilidades.

Fue la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich quien dio el primer paso y convocó a el miércoles pasado en sus oficinas partidarias al ex canciller Jorge Faurie, al ex titular de Defensa Oscar Aguad, Pablo Lanusse -abogado de Mauricio Macri que se encuentra varado en el exterior- y exdirectores de la Aduana y de la agencia de control de armas (Anmac), según indicó el medio La Nación.

El encuentro giró en torno a repasar qué sabía cada uno de los acusados sobre el envío de armamento a Bolivia, como así también discutir si la caída de Evo Morales fue o no consecuencia de un golpe de Estado. Recordemos que Macri siendo presidente reconoció al gobierno de facto de Jeanine Añez, lo cual muestra cómo están replanteándose la postura en pos de mejorar su situación ante la justicia.

También participaron de la reunión otros abogados, sin embargo, se notó la ausencia de otra de las partes señaladas como lo es Gendarmería, especialmente de Gerardo Otero, exjefe de la fuerza y una pieza clave durante su gestión al frente de Seguridad. Según Bullrich, no pudo comunicarse con Otero, aduciendo que podía estar varado porque había viajado para vacunarse.

Cabe señalar que además de Otero, el fiscal Claudio Navas Rial imputó al exdirector de Logística de la Gendarmería Rubén Carlos Yavorski y al exdirector de Operaciones de esa fuerza Carlos Miguel Recalde y por ello, la importancia que también confeccionara una estrategia en común con los responsables políticos.

Yavorski fue el que firmó el pedido de las 70.000 municiones; Recalde, el que declaró, ya en pleno gobierno de Alberto Fernández, que los cartuchos no volvían porque se las habían gastado en prácticas de tiro, una versión que nunca resultó muy sólida y menos después de que Bolivia mostrara imágenes de armamento que tiene en su poder con el sello de Fabricaciones Militares.

La otra ausencia fue la del ahora condecorado ex embajador Normando Álvarez García, quien no pudo llegar, aunque ese mismo día, en una entrevista que le hizo el mismo medio dijo que durante el gobierno de Evo Morales la Argentina había recibido pedidos de municiones a través de la policía boliviana.

Dicha versión fue desmentida por el excanciller Faurie, a quien el embajador reportaba y sostuvo en la reunión que él jamás recibió cables diplomáticos relacionados con esta denuncia ni fue informado de la carta de agradecimiento por las municiones entregadas. Dijo, en definitiva, que no sabía nada.

El cambio de estrategia se debe a que ya son varias las pruebas que exponen a la decisión del gobierno cambiemita de ayudar al gobierno de facto de Añez: el Ministerio del Interior boliviano mostró en conferencia de prensa el material antidisturbios que llegó en una caja sellada rotulada por la Gendarmería argentina como “guantes”, aunque en realidad allí se encontraban balas.

Asimismo, un verificador de la Aduana de nuestro país en un listado del vuelo del Hércules C-130 había indicado los varios ítems de granadas como “no embarcado”, pero que efectivamente sí llegaron a las Fuerzas Armadas y la Policía boliviana.

Para el medio periodístico, la postura de los ex funcionarios de la gestión macrista será insistir en que la relación con Evo Morales era muy buena y que se les brindó protección a varios cuando cayó el gobierno.