La Secretaría de DDHH cruzó a Morales e indicó que tergiversó y usó información falsa en la carta a Alberto Fernández

El gesto de la visita de Alberto Fernández a Milagro Sala sacudió el arco político, tanto para adentro demostrando un guiño a quienes sostienen que la lideresa es una presa política, como para afuera, como principal protagonista a Gerardo Morales que envió una carta abierta al presidente, misiva que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación cuestionó y señaló que el gobernador allí tergiversó y usó información falsa con el fin de estigmatizar a dirigente y a la Tupac Amaru.

Mediante la cuenta oficial de Twitter, el organismo nacional manifestó su preocupación señaló que “advierte con preocupación sobre la tergiversación y la información falsa utilizada por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, al referirse a la alarmante situación que vive la dirigente social Milagro Sala en esa provincia”.

En ese sentido, aclaró “en su carta abierta, publicada a partir de la visita del presidente @alferdez a Jujuy, vuelve a utilizar un relato estigmatizante para atacar a una organización y a una dirigente social que es víctima de una permanente persecución política, judicial y mediática desde 2016”.

Sobre este punto, la Secretaría desmintió a Morales y apuntó que “es falso que Milagro esté condenada por crímenes violentos. Es falso que Milagro haya sido investigada por graves violaciones de derechos humanos”, sobre los supuestos casos en donde la lideresa fue señalada como participe o instigadora, según sostuvo Morales en la carta.

Además, desde la cartera que conduce Horacio Pietragalla -quien ayer también estuvo en Jujuy- indicaron que “Sala está privada arbitrariamente de su libertad desde 2016, perseguida penalmente en una decena de causas sin las garantías del debido proceso y, por ello, es beneficiaria de una medida provisional de la @CorteIDH, que en 2017 ordenó proteger su integridad física y psíquica”.

Ante el pedido que hizo el fiscal general del MPA para Sala vuelva a cárcel común sin respetar la resolución de la Corte Interamericana de DDHH, la Secretaría explicó que de ordenarse ello “el incumplimiento de esa resolución por parte de las autoridades provinciales, políticas y judiciales, compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino”.

Además, señaló “los derechos humanos no son parte de ninguna grieta. Son una política de Estado y la columna vertebral de nuestro gobierno nacional. Y es obligación de todos los funcionarios del Estado, ya sea federal o provincial, su respeto irrestricto”.

Por último, apuntó “el pueblo argentino sabe que las diferencias políticas no se pueden superar con la utilización del aparato político y judicial contra la oposición ni con violaciones de derechos humanos”.