Llegando al final del juicio en su contra por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial entre 2003 y 2015, Cristina Fernández pidió al Tribunal Oral Federal Nº2 poder dar sus últimas palabras, las cuales aprovechó para volver a apuntar contra el armado de la causa, además de dejar un escrito que título “las 20 mentiras de la Causa Vialidad”.
La vicepresidenta, apenas arrancó su alocución indicó que el cuerpo de magistrados no es más que un “pelotón de fusilamiento”, además de recordar el rol decisivo de los fiscales para que dicha causa, que el próximo 6 de diciembre tendrá la sentencia, avance en su contra.
Para la ex mandataria, el juicio se basó en mentiras, las cuales detalló en un documento, que ya compartió en redes sociales.
1. NK y CFK asignaron fondos a la provincia de Santa Cruz para obras viales de manera ilegal y arbitraria: allí, la lideresa indica que las “decisiones en materia de inversión pública son de resorte exclusivo de los órganos políticos y no existe ninguna norma jurídica que fije límites sobre cómo se debe llevar a cabo su distribución”. En ese sentido, aclaró las obras en Santa Cruz se debió al déficit en la red vial que había para el 2003.
2. Los proyectos de ley de presupuesto elaborados por el Poder Ejecutivo fueron diseñados de manera arbitraria e ilegal por NK y CFK: “se acreditó en el juicio por prueba documental y testimonial que el proceso de elaboración de los proyectos de ley de presupuesto cumplió con todos los controles legales y financieros y contó con la intervención de todas las oficinas competentes”, explica.
3. El Congreso de la Nación tuvo una participación marginal en la sanción de las leyes de presupuesto: negó esta afirmación, al destacar que es una de las normas más debatidas en el Congreso nacional.
4. Los legisladores fueron obligados desde el Poder Ejecutivo Nacional para votar de manera afirmativa los proyectos de leyes de presupuesto que eran remitidos al Congreso: negó la presión o coacción a legisladores, además de apuntar que hubo otros proyectos de fuerzas opositoras con las mismas obras investigadas. Eso, además de contar con el voto de opositores, entre ellos, el de Gerardo Morales. Sumó que la Fiscalía “jamás solicitó que se convocara a algún ex legislador que pudiera corroborar que hubiera sufrido presiones o amenazas desde la Presidencia”.
5. NK y CFK aumentaron las partidas del presupuesto a través de DNU sin intervención del Congreso para beneficiar a las empresas de Lázaro Báez: “todos los DNU que ampliaron partidas fueron expresamente validados por el Congreso de la Nación”.
6. NK y CFK utilizaron los fondos del fideicomiso creado por el Decreto N° 976/2001 sin intervención del Congreso para financiar ilegítimamente obras viales en la provincia de Santa Cruz: “el fideicomiso ya existía con anterioridad al año 2003 y había sido creado durante la Presidencia de Fernando De la Rúa, con el propósito de financiar proyectos de inversión viales”, detalla.
El séptimo punto profundiza sobre la naturaleza de este fideicomiso, además de aclarar que el mismo contó con todos los controles de legalidad requeridos.
Asimismo, en el octavo expuso que las decisiones administrativas para redireccionar recursos a la provincia es competencia de la Jefatura del Gabinete, a la cual también favoreció a otras áreas del Estado, como el Poder Judicial y al Ministerio Público.
También desmintió que Vialidad, por orden de ella o de Néstor Kirchner hayan aumentado las partidas para las obras adjudicadas a Lázaro Báez. Sobre ello, sostuvo que “todos los testigos convocados al juicio descartaron que hubiesen existido interferencias desde la Presidencia de la Nación para que estas decisiones administrativas beneficiaran a Santa Cruz y menos a un empresario en particular”.
El argumento de CFK en su defensa giró en torno a que durante el 2003 y 2015, el Ejecutivo nunca impidió que el Congreso conociera el destino de las partidas presupuestarias, incluyendo las destinas a las obras en Santa Cruz.
Los siguientes puntos, son referidos sobre la supuesta relación entre CFK y Lázaro Báez, quien sería el beneficiado por la “arbitrariedad” en la adjudicación de obras, según sostuvo la Fiscalía.
En ese sentido, el documento apunta que la “Fiscalía jamás pidió un estudio pericial que demostrara esta acusación”, en relación a los sobreprecios en la licitación de obras otorgadas al empresario.
Por última, aclara que todas las obras adjudicadas a Báez se realizaron. Si específica que hubo demoras, pero que estas estuvieron justificadas (“no se hicieron pagos por obras no realizadas”) y que “las obras fueron deliberadamente abandonadas durante el gobierno de Mauricio Macri, lo cual generó el verdadero perjuicio para el Estado”, concluyó.