El furor por el litio ha traído aparejado un problema sobre las condiciones de explotación que existe en la Argentina, las empresas extractivistas en búsqueda de no cumplir con el pago correspondiente de las regalías a las provincias, realizan operaciones de subfacturación, hecho por el cual, la multinacional Livent que opera en Jujuy está siendo investigada por fuga de divisas.
Casi sin regulación, las compañías aprovechan el vacío legal para extraer el mineral y maximizar sus ganancias.
Frente a ello, legisladores nacionales pidieron más control y la quita de beneficios a las empresas.
Por su parte, el senador Oscar Parrilli envió una nota a la Secretaría de Asuntos Estratégicos exigiendo que se profundice una política nacional respecto a la producción y comercialización de litio, definiendo “un precio oficial y obligatorio” para el mineral y sus derivados.
“Compartimos también la preocupación expresada frente a la baja o prácticamente nula participación que están teniendo las provincias en las ganancias extraordinarias obtenidas por las empresas, como consecuencia del elevado aumento del precio internacional del mineral”, hizo hincapié el senador en la carta al organismo en el cual se creó la Mesa del Litio.
Las provincias afectadas por la falta de normativa son Catamarca y Jujuy, las únicas que tienen salares con producción del mineral en marcha, aunque existen varios proyectos en marcha que podrían multiplicar la producción y las ventas al exterior ya en el año 2024.
La producción del mineral en Jujuy se ubica en el Salar Olaroz Cauchari y es operada por el consorcio que incluye a Orocobre, Toyota y Tsusho Corp, en asociación con Sales de Jujuy y la sociedad estatal JEMSE.
En el caso de Catamarca, la explotación está a cargo de una empresa del Salar Fénix está a cargo de una empresa estadounidense.
Con salares en La Rioja, el gobernador Ricardo Quintela se adelantó a cualquier maniobra que perjudique a la provincia y declaró al litio como “recurso nacional estratégico”.
Esto se debe al crecimiento exponencial que facturaron las mineras litieras: en 2022 se incrementó un 236,7%, pasando de los 207 millones de dólares obtenidos en 2021 a los 696 millones, progresión que parece que se repetirá en 2024.
Así, urge una regulación de la actividad en el país.
Por su parte, el Banco Central tiene bajo análisis operaciones de transferencias al exterior vinculadas a la principal empresa exportadora del sector, Livent, por un total de 103,8 millones de dólares. Se trata de salidas de divisas, por vía de la propia empresa norteamericana o por algunos de sus directores, efectuadas entre los años 2015 y 2020, que están siendo investigadas.
El tema de la subfacturación es otro de los conflictos.
Diputados y diputadas del FIT presentaron un proyecto en el Ministerio de Economía para que se explique los motivos del contraste entre los datos oficiales vertidos por el INDEC respecto al precio del litio por tonelada y los datos que arrojan los informes de las propias empresas mineras.
En ese sentido, el economista Gastón Remy señalaba en un informe la posible maniobra se subfacturación del mineral por parte de la empresa extractivista Livent.
Los números son elocuentes. Entre marzo de 2021 y el mismo mes de 2022, “el precio internacional de la tonelada de litio pasó de 17 mil a 70 mil dólares, con picos de 90 mil”, expuso el senador a la Secretaría de Asuntos Estratégicos. La AFIP, en mayo de 2022 puso como precio de referencia 53 mil dólares la tonelada del litio. Es decir, aún así, con un valor regulado, las empresas igual estaban siendo beneficiadas.
Lejos de cumplir con esta regulación, el informe del INDEC señaló que el precio promedio de la tonelada del litio fue de 20 mil dólares.
“Sólo en 2022 nuestro país podría haber acumulado u$s 1000 millones en reservas si hubiese exportado su producción de litio bajo el costo internacional”, subrayó Parrilli para demostrar las pérdidas que significan para el país la falta de regulación.
En la actualidad, las regalías que abonan las empresas extractoras de litio a las provincias está fijado en una alícuota del 3 por ciento sobre el precio de boca de mina. Esto significa que, al valor declarado de venta, que se presume arbitrario, se le deducen todos los costos de transporte, molienda, trituración y administración, con lo cual la regalía que pagan las empresas se reduce a un 1,5 por ciento sobre el precio de venta declarado.
Por otra parte, desde 2020, los derechos de exportación o retenciones sobre las ventas al exterior de minerales están fijados en una tasa del 4,5%, pero sobre el precio de venta que declaran las empresas, que es muy inferior, sobre todo a partir de 2021, a los precios de mercado. Sólo por el año 2022, se estima que el Estado nacional dejó de recaudar cerca de 47 millones de dólares por este concepto.
Hasta el año pasado, estaba vigente un reintegro a las exportaciones de litio, por el cual además se les devolvió a las empresas en 2022 unos 30 millones de dólares. Este año ya no está vigente ese reintegro, eliminado por decreto 57/2023.
Por tratarse de un elemento químico, el litio puede comercializarse en la forma de múltiples derivados y en distintos niveles de calidad y pureza. Hasta mayo de 2022, las empresas no estaban obligadas a presentar ningún tipo de certificación química del producto que exportaban. A su vez, las empresas exportadoras sólo presentan una declaración jurada para certificar la cantidad de litio que envían al exterior. La nota enviada a la Secretaría de Asuntos Estratégicos también pide que se contemple “urgentemente la generación de mecanismos de control efectivo de la calidad exportada y exigir a las empresas que procesen la mayor cantidad de derivados de litio en nuestro país”.
La propuesta del senador Parrilli, expresa puntos coincidentes con otras corrientes del frente, pero confronta con posturas de la oposición y, seguramente, con la intención de las empresas de preservas sus privilegios. Incluso, beneficios impositivos que provienen de la ley minera del año 1993 que no pocos califican de “desmesurados”.
Lejos de buscar desarrollar de forma interna la industria litífera, Gerardo Morales respalda la llegada de inversiones extranjeras a Jujuy. “Yo soy integrante de la Mesa del Litio y hemos planteado dos temas a las empresas. Primero, una propuesta de aumento de regalías para modificar las reglas de juego. Estamos trabajando con el gobierno nacional para lograr regalías móviles”, manifestaba el gobernador, dejando su clara postura de sólo recaudar una ínfima parte de la industria del litio.
Y apuntaba “las empresas hoy obligadas a dejar el 5 por ciento del litio en la provincia de Jujuy para otros proyectos, deban subir ese rango hasta el 20 por ciento”.
Con información de Página 12
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
