Un paso importante para lo que puede llegar a ser la prórroga de la ley de emergencia territorial indígena, ya que fue aprobada ayer en el Senado de la Nación por 43 votos a favor, dos en contra y siete abstenciones y pasó ahora a la Cámara de Diputados nacional para que haga lo propio. De los tres senadores por Jujuy votaron a favor los senadores Guillermo Snopek (Frente de Todos) y Mario Fiad (Juntos por el Cambio). Mientras que la senadora por Juntos por el Cambio, Silvia Giacoppo se abstuvo.
En general, la media sanción fue bien recibida en las comunidades de la provincia, que ayer siguieron con mucha atención lo que ocurría en el recinto del Senado nacional.
Esta ley se sancionó en noviembre de 2006 y se prorrogó por la ley 26554 en 2009. En 2013, se prorrogó por la ley 26894. Luego por la ley 27400 hasta 2017 y luego pasó a regir por la ley 26160 hasta este noviembre.
Ahora la ley 26.160, que ya tuvo otras prórrogas, podrá tener vigencia hasta finales de 2025 de aprobarse. Esta norma declaró la Emergencia Territorial Indígena, suspendió los desalojos de comunidades originarias y ordenó realizar un relevamiento de la ocupación territorial ancestral en todo el país.
Serán los legisladores nacionales que traten para que sea ley este reclamo de las comunidades indígenas. Comunidades indígenas de Jujuy, la Prelatura de Humahuaca han expresado su preocupación ante esta norma que requiere una prórroga para evitar desalojos.
El proyecto de ley de prórroga prevé en este caso que se otorgue un presupuesto de 290 millones de pesos para poder completar el relevamiento territorial, que está pendiente todavía y es el paso previo para avanzar en la regularización del territorio en el que habitan comunidades indígenas de todo el país, que hoy enfrentan una mayor presión del agronegocio.
Nora Giménez (FdT) informó en un comunicado que, a sugerencia de senadores de la oposición accedió a introducir modificaciones en el proyecto original, involucrando a las provincias y los municipios en la realización de los relevamientos territoriales de las comunidades; y obligando al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a rendir cuenta anualmente del avance de esa tarea.
Añadió que en los últimos años el INAI y los mismos pueblos originarios relevaron 998 comunidades indígenas en todo el país; mientras que otros 253 relevamientos están en trámite. "Sin embargo, se han identificado 762 Comunidades Originarias que tienen pendiente el Relevamiento Territorial previsto por la ley. De las comunidades identificadas, un 51% se encuentran en el NOA, un 16% en el Sur, 8% en el centro, 2% en Cuyo, y 22,3% en el NEA", informó la senadora.
Su prórroga es esencial para poder completar el relevamiento y avanzar luego en el debate de una ley de propiedad comunitaria indígena. Ya cuenta con media sanción la norma, y será los diputados nacionales que darán un debate para que se obtenga una nueva prórroga.
Hay interés del Gobierno Nacional en lograr la prórroga, y recordó que el tema fue mencionado por el presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones legislativas. Agregó que los gobernadores también apoyan la extensión de la vigencia de la ley, ya que recientemente el INAI firmó convenios para completar los relevamientos con Neuquén, Jujuy, Santa Fe, Chaco y Misiones; y se encuentra en tratativas con Santiago del Estero y otras provincias.
Comunidades indígenas del país están movilizadas para defender sus territorios y pedir que se cumplan los requisitos para obtener la regularización de sus territorios.