POLÍTICA

El manual de lawfare en Jujuy

Milagro Sala, a 8 años del inicio de la persecución judicial

En 2016, un juez de feria ordenaba la detención de la lideresa, acusándola de instigar delitos y tumultos, en el marco del acampe que se organizó frente a Casa de Gobierno, bajo el mando de Gerardo Morales, su carcelero

Cuadro Lidice Capeluto
Cuadro Lidice Capeluto

 

 

Un acampe en Plaza Belgrano en reclamo de una audiencia con el flamante gobernador Gerardo Morales derivó en una carrera de armado de causas contra la dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala que hoy cumple 8 años de detenida.

Corrían los primeros días de su mandato, cuando Morales anunciaba que las organizaciones sociales debían empadronarse en un registro de cooperativas frente a las modificaciones realizadas en el otorgamiento de subsidios. Sin mediar explicaciones del nuevo sistema por el cuál se iba a adjudicar obras (en sus 8 años de gestión el dirigente radical nunca pudo alcanzar la cantidad de viviendas construidas por la Tupac Amaru), los movimientos se plantaron frente a Casa de Gobierno para pedir una reunión con el mandatario jujeño.

Adelantado el cariz de su gestión, Morales respondía al acampe con un decreto que suspendía la personería jurídica de las organizaciones que persistían en la plaza. Así, comenzaba la carrera de la persecución y hostigamiento de todo aquel que se oponía a los designios del gobernador.

El particular encono de Morales fue contra Milagro Sala, que era detenida el 16 de enero en su domicilio de Cuyaya, acusada de instigar delitos y tumultos a treinta y dos días de iniciado el acampe. La orden la daba el juez de feria, Raúl Gutiérrez.

Si bien casi dos semanas después la lideresa era beneficiada con la excarcelación, el andamiaje en la justicia -cooptada por el oficialismo con la ampliación del Superior Tribunal de Justicia con el ingreso de Pablo Baca y Beatriz Altamirano (diputados por el Frente Cambia Jujuy que votaron a favor de esta reforma)- determinó el derrotero persecutorio contra Milagro Sala, quien antes de ser liberada, ya contaba con otro pedido de detención por los delitos de defraudación en perjuicio del Estado, extorsión y asociación ilícita.

Pibes villeros”, “bombachas”, “huevos”, la agresión y posterior muerte del militante ‘Luca’ Arias -causa que ya se había cerrado por falta de pruebas, fueron algunas de las acusaciones que comenzaron a surgir contra la lideresa.

Los procesos judiciales tuvieron una característica muy particular: en algunos casos, la única prueba aportada era el testimonio de algún “arrepentido” que se presentaba de forma espontánea ante un juez o fiscal para denunciar las maniobras de Sala.

Las maniobras de persecución contra Sala quedaron expuestas en el burdo juicio por el robo de un expediente: durante la primera audiencia, uno de los testigos apuntó al titular del MPA, Sergio Lello Sánchez de ofrecerle un trabajo a cambio que mantenga su declaración contra la dirigente social. Tras ello, el brazo extrajudicial de Morales intentó desacreditar el testimonio indicando “insania” por parte del testigo que el propio MPA había presentado.

El juicio finalmente fue anulado, no por las irregularidades, sino porque uno de sus acusados, Alberto Bellido debió ser operado del corazón en medio del proceso, imposibilitando así su defensa.

Mientras que el poder judicial mantenía todo tipo de causas contra Sala, en paralelo Morales se hacía de las obras de la Tupac Amaru para presentarlas como logros de su gestión. Todo eso que señalaba que estaba mal, terminaron por servirle de catapulta en los años de elecciones. Eso, sin contar que supo indicar que con la detención de Sala, había logrado la paz en Jujuy.

Asimismo, hubo denuncias por las condiciones de detención de Sala -y otras integrantes de la Tupac Amaru- por lo que la CIDH tuvo que interceder para que cumpla prisión domiciliaria.

A pesar de haber logrado la reforma parcial de la Constitución -que pudo haber sido el atajo para conseguir volver a postularse a un tercer mandato como gobernador-, Morales en su ambición quiso ir por la presidencia. La parafernalia propagandística con la plata de los jujeños y jujeñas apenas le alcanzó para ser el vice de Horacio Rodríguez Larreta, fórmula que perdió la interna de Cambiemos, frente a Patricia Bullrich.

La brutal represión desatada contra manifestantes y comunidades indígenas por los cambios en la Carta Magna tuvieron su reflejo en las urnas: por primera vez en casi 8 años de gobierno, el Frente Cambia Jujuy no logró imponerse en la provincia, siendo La Libertad Avanza, la fuerza más votada en provincia para las presidenciales.

El derrotero para Morales siguió hasta diciembre, cuando finalizó su mandato. Casi apartado de la actividad política, el carcelero de Milagro Sala comenzó a recibir noticias sobre las causas judiciales en su contra, una por la destrucción de un sitio de memoria, la otra por la denuncia de usurpación de tierras en Caspalá.

Fuera del Ejecutivo, la posta de mantener la arbitrariedad judicial en contra de Milagro Sala tiene un nombre: Ekel Meyer. Aquel 16 de enero de 2016, en su función de ministro de Seguridad, Meyer se presentaba en el operativo de detención de la lideresa de la Tupac Amaru. Ahora, en 2024, Meyer encabeza la Corte Suprema de Justicia provincial, órgano que debe analizar los pedidos de la defensa de Sala frente a los pedidos de nulidad de las causas abiertas en su contra. La sentencia ya está escrita.

 



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