El 16 de enero se cumplen siete años de la detención de Milagro Sala, desde aquel entonces, la lideresa de la Tupac Amaru atraviesa una persecución judicial inaudita por lo que el organizaciones volvieron a pedir a Alberto Fernández su indulto.
Con cientos de firmas, el Comité por la Libertad de Milagro Sala -conformado por sindicatos, organizaciones sociales, políticas y barriales, entre otras- enviaron una carta al presidente con el pedido para que interceda por la dirigente jujeña, exponiendo “argumentos jurídicos y políticos que habilitan la aplicación de la figura del indulto a la dirigente Milagro Sala, ex parlamentaria de la Legislatura jujeña y del Parlasur, institución a la que oportunamente no pudo ingresar debido a la arbitraria e ilegal detención perpetrada por el amañado Poder Judicial de la provincia”, señala el documento enviado al mandatario en la jornada del jueves.
Apuntando las diversas oportunidades en que Alberto Fernández se pronunció en contra de la detención “arbitraria” y su encarcelamiento “prolongado”, el Comité sostuvo que los juicios contra Sala “han sido pergeñados con la intención de encarcelarla y no de hacer justicia”.
En ese sentido, el pedido de indulto se basa en la defensa de la sociedad ante la “discrecionalidad, la injusticia y el abuso de poder”.
Para el comité, dicha persecución se explica la anexión del poder Judicial al Ejecutivo desde que llegó a la gobernación Gerardo Morales recordando que “la feroz persecución a la organización Tupac Amaru mereció la presentación en la Cámara de Senadores de la Nación de proyectos de intervención del Poder Judicial de la provincia de Jujuy”.
Asimismo, la carta detalla que “desde la detención de Milagro Sala sin objeto procesal, la persecución se centró en armar causas o exhumar las prescriptas”. También “se ignoraron las pruebas ofrecidas por la defensa y se sometió a lxs encausadxs a citaciones en el tribunal sin conocimiento de sus abogados defensores”.
Otra de los elementos que abonan a la maniobra de hostigamiento contra la Tupac Amaru es que no se “garantizó en los sitios de detención la seguridad ni la atención de la salud de lxs dirigentes hostigadxs”. Así, mencionaron que en Jujuy “se incumplieron en forma reiterada las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos referidas a la pertinencia y condiciones de la detención”.
E instaron al presidente -mencionando “su compromiso por preservar la vida y la libertad de importantísimos líderes latinoamericanos” tomando como ejemplo el caso de Evo Morales y Lula-, el comité expuso que “el caso de Milagro Sala también un nítido ejemplo de persecución y proscripción política”.
El escándalo por las conexiones entre magistrados de la Corte Suprema y dirigentes de Cambiemos, también fue uno de los puntos sobre los cuales se basa el pedido de indulto a lideresa: “se esperaba que el máximo tribunal cumpliera su rol de control de la legalidad y revisara las nulidades presentadas por la defensa dando cuenta de las manifiestas irregularidades que rodearon el proceso. Por el contrario, una vez más la Corte, -en la que debería descansar la seguridad jurídica de la Nación-, actuó subordinada a intereses político partidarios subalternos situando a la Argentina en condiciones de ser reconvenida por organismos internacionales”, en relación a la ratificación de la condena de 13 años en la causa Pibes Villeros.
“Clausurada esa instancia, encontramos reunidos los extremos para solicitar al Presidente de la Nación, haga uso de su atribución de indultar, sobre todo frente al pedido del gobernador Morales a su Fiscal para levantar la detención domiciliaria y hacer efectiva la inmediata reclusión penitenciaria”, argumentaron.
Frente a los cuestionamientos sobre sí el presidente puede otorgar el indulto a Milagro Sala, el comité aportó “prestigiosxs juristas y autoridades pertinentes afirman que la forma de intervención de la Corte ha configurado la causa como de carácter federal, habilitando legítimamente la aplicación de la figura del indulto”.
Y agregaron que legisladores nacionales indicaron que “el indulto no viola la división de poderes, ni desconoce la Constitución por lo cual no hay razón alguna para argumentar que se vería amenazada la democracia en la Argentina al utilizar este recurso legal”.
La carta al presidente recordó que “si las justicias provinciales son corruptas y arbitrarias están contrariando el estado de derecho violentando la Constitución”, por lo que el “Poder Ejecutivo Federal debe actuar para remediar torpezas e injusticias cometidas contra lxs ciudadanxs en los territorios locales”.
Por último, destacaron “como defensor de la calidad institucional y de la justa aplicación del derecho, usted acompañó a Milagro Sala en circunstancias de gravedad. Es ahora como Presidente de la Nación Argentina, que le estamos exigiendo un compromiso mayor con la inmediata libertad de la compañera. El indulto a Milagro Sala será el acto más elocuente en esta defensa y otro gesto esperado para restituir el equilibrio de poderes en la República y la posibilidad de la equidad en la sociedad argentina”.