Milei vetó la ley de movilidad jubilatoria para proteger el superávit fiscal

Con el apoyo de casi todos los bloques, ayer en Senado convertía en ley la nueva movilidad jubilatoria, el cual fue inmediatamente vetada por Javier Milei, todo para proteger el superávit fiscal.

El proyecto establecía un incremento del 8,1% además de plegarse a mes a mes al Índice de Precios al Consumidor -IPC-, es decir a los niveles de inflación. Asimismo, la iniciativa contempló que, en marzo de cada año, se aplicara un aumento del 50 por ciento de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre la variación del IPC del año anterior, determinando así a largo plazo una recomposición en los haberes del sector pasivo.

A su vez, se dispuso que mediante ANSES se debía garantizar a quienes percibieran un solo beneficio “el pago de una prestación con un suplemento dinerario de carácter alimentario, de forma tal que los ingresos totales no sean menores al último valor de la canasta básica total por adulto multiplicado por 1,09”.

La implementación de esta nueva fórmula apenas representaba un gasto del 0,43% del PBI, según especificó un estudio realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Así, la votación en el Senado fue de por 61 votos afirmativos, ocho negativos y cero abstenciones, por lo que en ambas Cámaras del Congreso el proyecto obtuvo dos tercios de los votos.

A pesar de ello, desde el Ejecutivo nacional decidieron dejar sin efecto la ley de movilidad jubilatoria. Anticipándose a un resultado contrario, desde la cuenta Oficina del Presidente en X se lanzó un comunicado en donde advertía el veto, al considerar que la nueva ley jubilatoria tenía como único objetivo “destruir el programa económico del Gobierno”.

“El Presidente se comprometió con los argentinos a sostener el superávit fiscal a toda costa y así lo hará”, argumentó, además de acusar a legisladores de cometer “un acto de populismo demagógico”, señalaba el documento.

Por su parte, Javier Milei, tras conocerse los resultados de la votación, escribía en sus redes sociales “no nos van a voltear el superávit fiscal”.

Según el gobierno, los cambios en la ley jubilatoria representarían un “gasto adicional del 1,2% del PBI o, lo que es lo mismo, 25% del PBI en términos dinámicos, obligando al Estado a contraer deuda que deberán pagar en el futuro los jóvenes argentinos que, gracias a medidas como ésta, hoy son mayoritariamente pobres”. Los números distan de lo informado en el Senado.

Mientras que desde el gobierno apuntaron que “el equilibrio fiscal es innegociable” y de allí su oposición a esta nueva ley jubilatoria, los hechos distan de proteger las cuentas fiscales y así lo hizo saber el senador radical Martín Lousteau quien señaló “ese costo es un poco menor de haber bajado los Bienes Personales, es decir, del impuesto que se les cobra a los más ricos de los más ricos”, sobre este 0,43% del PBI que representa el aumento del 8,1 al sector pasivo.

A pesar del veto, la ley igual puede llegar a promulgarse: con dos tercios de los votos en Diputados y Senado, el Congreso puede revertir un veto presidencial y dejar firme una ley, tal como lo establece el artículo 83 de la Constitución Nacional.