Ministerio Público de la Defensa, otro organismo arrasado por el Ejecutivo

La pelea entre Ivone Haquim y Sergio Lello Sánchez tuvo como clara perdedora a la titular del Ministerio Público de la Defensa, organismo que junto al Tribunal de Cuentas (ahora extinto) fue arrasado por las nuevas disposiciones de la reforma parcial de la Constitución, mientras que el titular del MPA, logró más facultades.

El cruce entre ambos escaló en una denuncia que planteó Haquim e 2020 contra Lello Sánchez por encubrimiento en la causa iniciada por abuso sexual a Gustavo Fiad. La titular del MPD apuntó al fiscal general por la falta de avance de la investigación que tenía como víctima a su nieta. Finalmente, la acusación de Haquim parece tener su correlato dentro de la justicia local: ayer, el juez de Control, Rodolfo Zurueta denunció penalmente a Lello Sánchez y pidió su juicio político para que sea apartado del cargo.

En paralelo, ayer en la Legislatura dio el visto bueno a los cambios en la carta orgánica del Ministerio que conduce Haquim, proyecto que fue enviado por el Ejecutivo y que nunca tuvo en cuentas la opinión de la titular ni de integrantes del organismo, al no ser consultados.

Entre los cambios, particularmente se destaca que el MPD ya no podrá realizar juicios contra el Estado, situación similar que se da con la nueva Auditoría General de la Provincia, que no tiene la facultad de sancionar a la provincia, municipios, organismos o, incluso a funcionarios que no rindan cuentas del uso del dinero público, algo que sí podía hacer el Tribunal de Cuentas, que además tenía detalle del ingreso y egreso del mismo.

Con apenas una semana de tratamiento en comisiones (el proyecto ingresó la semana pasada a la Legislatura), desde el Ministerio Público de la Defensa indicaron que el proyecto -y ahora ley- implica un retroceso en el sistema judicial penal, tal como consideraron Defensores, profesionales y empleados administrativos del organismo.

Fueron varias las observaciones que realizaron en un documento, la principal, que “nunca se generó discusión y debate de esta iniciativa y menos fue consultada la revisión del proyecto de ley a la Defensora General del MPDP, Ivone Haquim, para que exponga y de su opinión”.

Asimismo, se indicó que el proyecto del Ejecutivo nuclea a en uno solo al MPD junto con el de la Defensa Civil, unificando así a “defensores, secretarios, equipos interdisciplinarios y otras áreas que actualmente cumplen funciones específicas”.

“La Defensa Penal volverá a tener el funcionamiento que tenía antiguamente como Defensoría de Pobres y Ausentes”, expusieron en una nota enviada a la comisión de Asuntos Institucionales, pero que no tuvo eco en el debate de ayer, donde el oficialismo -sin acompañamiento de la oposición- logró imponer la ley.

Por otra parte, en lo que refiere al derecho del acceso a la justicia, derechos humanos y la incorporación de garantías constitucionales y tratados internacionales, “los cuales se encuentran contemplados dentro de la actuación del Ministerio Público de la Defensa Penal, de producirse el dictado de la Ley, se verían afectados y vulnerados”.

Los cuestionamientos no quedaron allí, desde el MPD también señalaron que el proyecto del Ejecutivo “a todas luces, va en contra de lo establecido en los tratados internacionales que son específicos en materia penal”, subrayando que el perjuicio ocasionado no es solo en materia patrimonial (en el plano civil, con el que se unifica), sino “donde está en juicio la libertad, donde se tiene que asegurar el acceso a la justicia gratuita a quienes no tengan la posibilidad de solventar gastos que implican la contratación de un abogado penalista privado”.

“En lo concerniente a lo Penal como a lo Civil, es importante distinguir las actuaciones de los equipos interdisciplinarios y de todas las áreas correspondientes a cada materia, teniendo presente las especializaciones de cada una de ellas ya que los integrantes del Ministerio Público de la Defensa penal, han sido capacitados en la materia, desde que se creó dicho ministerio”, concluyeron.