El gobernador Gerardo Morales, anunció este lunes el envío de un proyecto a la Legislatura para la reforma parcial de la Constitución provincial en la que aclaró específicamente que no se tocará el capítulo vinculado a los mandatos de quienes ejerzan la gobernación, ratificó su precandidatura a la Presidencia de la Nación en 2023 y enumeró los puntos principales de la iniciativa para modificar la Carta Magna jujeña.
"No se tocará el capítulo sobre la elección del gobernador, no planteamos una nueva reelección para el que habla y para el vice. Tengo aún 15 meses de gestión por delante y entiendo que hicimos un aporte a la paz y a la transfomación de la matriz productiva de la provincia", dijo Morales durante una conferencia de prensa realizada frente a la Casa de Gobierno provincial.
Además, ratificó su decisión de pelear por el sillón de Rivadavia el año entrante. "Voy a ser candidato a presidente de los argentinos", expresó el mandatario y titular de la UCR.
Entre los lineamientos de su proyecto, que incluye cambios en el Poder Judicial, mencionó que se debería incorporar a la Carta Magna local la prohibición del indulto a personas que comentan delitos dolosos contra el Estado, como enriquecimiento ilícito.
En oposición a la Constitución Nacional, quiere limitar las manifestaciones de protesta
"Hay que reglamentar el derecho a la protesta, como prohibir los cortes de ruta para no romper con la paz que construimos hasta la fecha, necesitamos una Constitución moderna", agregó Morales.
Esa propuesta iría en contra de los derechos que asegura la Constitución Nacional. El derecho a la protesta está contemplado en la Argentina en nuestra Constitución Nacional como forma de libertad de expresión (art. 14 y 32) y en varios tratados internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reconocen la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (art. 18), la libertad de opinión y de expresión (art. 19) y la libertad de reunión y asociación pacífica (art. 20 ).
Entre los nuevos derechos y garantías constitucionales que impulsa esta normativa también se incluyen los nuevos derechos ambientales, el deber del Estado y de la sociedad de combatir el cambio climático y la promoción de la energías renovables, además de dar jerarquía constitucional a los tratados convencionales internacionales de Derechos Humanos y de los Derechos de los Niños y Adolescentes.
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