Morales quiere obligar a la justicia a que no aplique ejecuciones en contra del Estado provincial

“Estamos a la parrilla” fue la frase que esgrimió el gobernador Gerardo Morales respecto al informe de los recursos económicos con los que contaba su administración para hacer frente a los gastos corrientes de la provincia, y pese a los créditos gestionados ante el gobierno nacional, el mandatario continúa ajustando los números, apuntando esta vez, a dejar sin efecto el pago de sentencias en juicios iniciados contra el Estado provincial.

Es que Morales, en una jugada más que cuestionable porque implica la pérdida de autonomía de los poderes, envió el jueves de la semana pasada, un proyecto a la Legislatura para obligar a la justicia jujeña a suspender el pago de sentencias en causas iniciadas en contra del Estado provincial.

Según detalla el artículo 2 “suspéndase los procesos de ejecución en trámite en contra del Estado Provincial que tengan por objeto el cobro de sumas de dinero, o que se resuelvan en la obligación de pagar sumas de dinero, así como todo tipo de medidas cautelares preventivas y/o ejecutorias, de carácter dinerario, anteriores y a dictarse en el futuro, que fueren dispuestas por los Tribunales de la Provincia de Jujuy, en contra de todo tipo de bienes del Estado Provincial, administración pública central, entidades descentralizadas, entidades autárquicas, empresas y sociedades del estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, por obligaciones de estos últimos organismos que hayan sido judicializadas, y por el plazo de 6 meses contados a partir de la publicación del presente, prorrogable por el Poder Ejecutivo Provincial por igual período, o  mientras dure la emergencia establecida en el artículo anterior”.

Es que el mandatario local busca excusar este proyecto enviado a la Legislatura en el marco de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por el gobierno nacional.

Asimismo, establece que “las resoluciones judiciales y órdenes de pago librabas con anterioridad a la vigencia de la presente Ley, que dispongan pago con fondos embargados al Estado Provincial, quedan suspendidas y deberán ser registradas en el Banco Macro por orden cronológico quién expedirá constancia de la toma de razón de la medida o sentencia de que se trate, informándolo al Tribunal o Juzgado requirente. Asimismo, el banco Macro deberá informar mensualmente al Ministerio de Hacienda y finanzas, las medidas registradas” indica el tercer artículo.

Quedan exceptuados de la suspensión del cobro de sentencias “aquellos casos en los que se acredite sumariamente ante el tribunal actuante un estado de extrema necesidad y/o que la suspensión del pago generará al beneficiario o personas que de él dependan un daño en la salud o agravamiento de un estado de salud deficitario previamente existente” (art. 4). En tal caso, el Estado provincial impone un tope de 100 mil pesos para el cumplimiento de la medida judicial.

Es decir, Morales, de aprobarse este proyecto de ley, obliga a quienes iniciaron acciones judiciales contra el Estado provincial, a acreditar que necesita del dinero, como si se tratase de un pedido y no de una obligación que debe cumplir.

Quedará en manos del parlamento local determinar si accede a otro de los pedidos de Morales, y esta vez, si aprueba el avance sobre el Poder Judicial, tan cuestionado por las expresiones de sus 2 ex titulares: Clara Langhe de Falcone y de Pablo Baca respecto a la libertad de Milagro Sala, entre otras polémicas.

Información complementaria: El Expreso de Jujuy