Gerardo Morales está decidido a terminar su mandato aplicando el terror, mientras que el rechazo a la reforma constitucional se multiplica día a día y que incluye la declaración expresa de varios municipios, el gobernador ordenó a la Fiscalía de Estado a configurarse como querellante por las protestas que exigen la caída del nuevo texto de la Carta Magna, organismo que advirtió que perseguirá a manifestantes hasta las últimas consecuencias.
En conferencia de prensa, Miguel Ángel Rivas, quien encabeza la fiscalía, detalló que fue el propio Morales quien encomendó la realización de denuncias ante la justicia y el MPA respecto a los hechos sucedidos el 17 de junio en el corte de ruta en Purmamarca, los del 20 en la jura de la Constitución reformada en las inmediaciones de la Legislatura y la poblada frente al Concejo Deliberante de Humahuaca en la madrugada del sábado.
El fiscal de Estado abogó la misma teoría de Morales al señalar que trató de un “golpe institucional” perpetrado por organizaciones sociales y políticas “que quieren volver al uso de la violencia extrema con métodos extorsivos y sediciosos”.
Así, el funcionario advirtió que intervendrá en todas las causas en curso como querellante, en donde buscará la Fiscalía de Estado que se apliquen los montos mayores de pena.
Sobre este punto, Rivas detalló que la Fiscalía no sólo irá por la imposición de penas de detención, sino también con el embargo a quienes se acusa de ser autores materiales, cómplices e instigadores de los actos vandálicos, aunque también por los cortes de ruta que perjudicaron el turismo y la producción. Según el fiscal, el perjuicio contra la provincia corresponde a un monto de mil millones de pesos.
Los hechos y los pedidos de pena
Rivas acotó a 3 episodios concretos respecto a las querellas iniciadas, la primera sobre los destrozos en la Legislatura del día 20 de junio, fecha en que Morales juró la nueva Constitución.
El fiscal de Estado detalló que el ataque fue contra el inmueble, pero también contra convencionales constituyentes, por lo que pedirán a sus autores -a quienes trató en todo de momento de delincuentes- hasta penas de 25 años de detención y reclusión.
Entre los delitos señalados están los de sedición (con pena de hasta 6 años de prisión), estrago doloso (de 3 a 15 años); daños a bienes de uso público (de 3 meses a 4 años de prisión), atentado a la autoridad (de 6 meses a 2 años), resistencia a la autoridad (de 15 días a un mes), lesiones leves (de 6 meses a 2 años) y estorbo funcional (de 15 días a 6 meses de detención).
Los dichos del funcionario se contraponen a las versiones señaladas por propios manifestantes quienes señalaron que fueron policías infiltrados quienes atentaron contra la Legislatura.
Se suma que muchas de las imputaciones -son más de 150- van en contra de transeúntes que fueron “levantados” por efectivos en camionetas sin identificación alguna.
En el caso de Humahuaca, donde la comunidad se congregó en la plaza para exigir que el Concejo Deliberante aprobara el rechazo a la reforma, Rivas anunció que pedirá condenas de hasta 20 años, esto por la privación ilegítima de la libertad, sedición, intento de homicidio, entre los delitos más graves.
Cabe mencionar que la población de Humahuaca exigió que sus representantes votaran la ordenanza que había presentado un edil. En medio de la protesta, un operativo policial arremetió contra quienes se manifestaban.
Por último, el funcionario apuntó sobre el corte de ruta en Purmamarca que se inició el 17 de junio, día en que aprobó la reforma constitucional.
Rivas acusó a comunidades indígenas de haber secuestrado a 3 policías (que estaban infiltrados), por lo que las acusó de haber cometido el delito de privación ilegítima de la libertad y secuestro, lo que equivale a una condena de hasta 25 años. Lejos de lo que expuso el funcionario, las comunidades separaron a los efectivos de las protestas y lo alejaron del corte.
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