La séptima jornada de debate en la Convención Constituyente de Jujuy se llevó ayer en medio de una multitudinaria marcha de organizaciones sociales que expresaron su rechazo a la reforma de la Constitución provincial que impulsa el gobierno de Gerardo Morales, que además preside la Convención. Paralelamente, se realizó una marcha en la Casa de Jujuy, en Buenos Aires, con la misma consigna. Estas expresiones en las calles provocaron un twit de Morales manifestando enojo y acusando a dirigentes.
“La marcha de supuestas organizaciones sociales a la Casa de Jujuy en CABA, financiada por la política de subsidios del kirchnerismo que solamente genera más pobres, es una muestra más de que los que apuestan por la violencia y los aprietes saben que se les termina el negocio”, sostuvo el gobernador, mientras se encuentra en campaña por su precandidatura a presidente.
En el hilo de Twitter, el gobernador jujeño expresó: “para que a algunos delincuentes, maquillados de dirigentes sociales, se les termine el saqueo de los más humildes, en Jujuy estamos reformando la Constitución. En nuestra provincia, estas mafias ya no tendrán lugar”. Tras ser designado presidente de la Convención, Morales juró e inmediatamente después pidió licencia por 50 días. La reforma tiene establecido tres meses para su tratamiento.
Su hijo, el también convencional Gastón Morales, presidente de la Comisión de Derechos y Garantías, dijo que, si bien el plazo es de 90 días, “el nivel de intensidad en cuanto al trabajo en comisiones da la pauta de que puede llegar a finalizar antes el proceso”.
La principal crítica al proyecto de reforma del oficialismo jujeño es la criminalización de la protesta social. Referentes sociales denuncian que se están cercenando derechos, percepción que se profundiza porque no es pública la información.
La convocatoria a la marcha fue realizada por los constituyentes del Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad (FIT-U), denunciando la falta de transparencia de la Convención.
La Convención está integrada por 48 convencionales electos el 7 de mayo pasado. Distribuidos en tres fuerzas políticas, la mayoría de las y los convencionales pertenecen al oficialismo, con 29 constituyentes; 13 son del bloque Justicialista y 6 representan al FIT-U.
Ocho comisiones están trabajando en la discusión con un “borrador” ya que no hay un proyecto. Las comisiones invitan a representantes de diferentes sectores de la sociedad para que hagan aportes, en un marco informal, y se desconoce cómo se condensará la información que acercan a las y los convencionales. Se habilitó un correo electrónico (convencionconstituyentejujuy@gmail.com) y una página oficial (https://convencionconstituyente.jujuy.gob.ar), pero no hay información sobre el proceso.
En el marco de la agenda trazada para avanzar en la redacción de una Constitución moderna, la Comisión de Nuevas Declaraciones, Derechos, Deberes y Garantías recibirá el próximo lunes, a partir de horas 16, a distintos actores sociales y políticos para tratar aspectos vinculados a la propuesta del bloque del oficialista Frente Cambia Jujuy para reglamentar el derecho a la manifestación y la protesta, y las incorporaciones constitucionales relacionadas con la prohibición de cortes de rutas y calles.
Está previsto que ese día haya una nueva marcha a la Legislatura de organizaciones sociales, políticas y gremiales.
Derecho a quedarse callado
El bloque del FIT.U solicitó días atrás que las reuniones sean públicas, que se transmitan y que la población conozca el debate en la Constituyente. El pedido fue rechazado, e incluso hubo un hecho violento y de censura al convencional Gastón Remy, a quien le quitaron el uso de la palabra en la Comisión del Poder Legislativo, Ejecutivo y Nuevos Organismos de rango Constitucional, presidida por el convencional Luciano Rivas, del oficialismo.
El hecho fue repudiado por varios dirigentes, incluidos otros dos convencionales. “Necesitamos una nueva Constitución moderna y representativa, donde las minorías estén representadas. Las sociedades se construyen desde la pluralidad de ideas”, sostuvo Noemí Isasmendi. Luego se expresó Amelia de Dios en el mismo sentido, ambas integran el Frente Justicialista.
El tema que más preocupa al FIT-U y a sectores que no tienen representatividad en la Convención, es la restricción a la protesta social que el oficialismo propone incorporar, dándole rango constitucional al Código Contravencional con el que se multa a toda persona que corte calles o se manifieste por un reclamo.
La izquierda viene denunciando la falta de publicidad de la Convención. Alejandro Vilca convencional del FIT-U, sostuvo que “la Convención se desarrolla en un verdadero show. Se impide la televisación de las comisiones; se nos prohíbe acceder al texto de la reforma que se va a hacer y se censura a quienes cuestionamos está situación”. Agregó que “para impedir que pase este ataque hay que redoblar la organización y la movilización en las calles y exigir el paro provincial a las organizaciones sindicales, a la CGT y las CTAs”.
Comunidades indígenas sin representación
En tanto que las comunidades indígenas, representantes de los pueblos Guaraní, Okloya, Tilián, Omaguaca, Kolla, Quechua y Chichas reclaman una Constitución pluricultural que garantice derechos y la unidad plurinacional.
Representantes de estos pueblos trataron de ingresar una nota formal a la Constituyente solicitando la consulta previa, libre e informada y que se les dé efectiva participación en el proceso de reforma. En la nota resaltaron que la reforma fue presentada unilateralmente por el Poder Ejecutivo Provincial y que la ley 6302, que la aprobó, es “violatoria a los tratados internacionales y derechos constitucionales adquiridos como Pueblos Preexistentes”. La nota fue rechazada por el bloque oficialista Cambia Jujuy.
En este sentido, otros sectores de comunidades indígenas realizaron una asamblea en la localidad de Huacalera, el fin de semana pasado y emitieron un documento similar respecto al incumplimiento al derecho a la consulta libre previa e informada. El lunes próximo ofrecerán una conferencia de prensa para exponer su postura y “en defensa del agua y la vida”.
En este contexto, comunidades indígenas recibieron en sus territorios un acta para firmar dando implícitamente su consentimiento a la reforma de la Constitución. Según informaron, les fue entregada por Diego Esteban, secretario de la ministra de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, Natalia Sarapura.
“Nos siguen subestimando y vendiendo espejitos de colores. La avivada está en el final del acta, donde dice la adhesión a la reforma”, señaló Néstor Jerez, cacique del Pueblo Okloya, quien advirtió a las comunidades que no la firmen porque “si no ahí estará el consentimiento de la violación a nuestros derechos adquiridos”.
El no a la reforma
De la marcha participaron organizaciones políticas, gremiales y sociales. Su realización provocó que la Legislatura provincial amaneciera vallada, con un fuerte operativo policial del que participaron más de 700 efectivos, cortando la calle Gorriti entre Independencia y la avenida 19 de Abril durante toda la mañana.
Entre los dirigentes estuvo la referente de la Red por Derecho a la Identidad, Nora Ferreyra, quien expresó que la reforma “es inconstitucional”. “Quieren criminalizar la protesta. Promueven una Constitución que garantiza derechos, pero los están vulnerando. Hemos ganado muchos derechos con el avance de la democracia, esos se deben incorporar no se los deben cercenar”, insistió.
Oscar Alfaro, referente de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, fue invitado junto a otros referentes de derechos humanos a la Comisión de Derechos y Garantías. “Queríamos estar presentes y pudimos gracias a la gestión de algunos constituyentes, y expresar la forma irregular a la que llega esta Reforma parcial”, dijo e inmediatamente aclaró: “nosotros no fuimos a legitimar esa reforma, porque no estamos de acuerdo, queríamos que nos escuchen. Democracia no es decir a mí me votó la gente y hago lo que quiero. Democracia es participación, consenso, construir entre todos”.
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