Negociaciones para ampliar la Corte Suprema

Días atrás, Cristina Fernández presentó las conclusiones de la Bicameral de seguimiento de Organismos de Inteligencia, informe que develó un pésimo accionar de la DAJUDECO (Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación) lo que abrió la posibilidad de ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema.

Es que tal como venía señalando hace tiempo la vicepresidenta, las causas judiciales impuestas durante el macrismo responden al Lawfare contra dirigentes del kirchnerismo, lo que hace necesario una reforma en el funcionamiento de la justicia, por lo que este periodo de feria servirá para analizar opciones posibles para poder llevar soluciones.

En ese marco, se comenzó a rumorear la posibilidad de ampliar la cantidad de miembros de la Corte Suprema, en un eventual pacto de consenso con la oposición.

Según trascendidos, estas 5 nuevas bancas en el máximo tribunal de justicia de la nación quedarían repartidas de la siguiente manera: 2 para el PJ, 2 para la UCR y una para el PRO.

Los nombres que se barajan para ocupar esos puestos son el actual ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro por el Frente de Todos, Enrique “Coti” Nosiglia por el radicalismo y Miguel Ángel Pichetto por el PRO.

También estaría en la nómina el radical Ricardo Gil Lavedra, aún cuando pesan sobre él algunos cuestionamientos por su doble rol de abogado-funcionario durante la gestión Cambiemos, y especialmente por su estrategia en el caso Oil Combustibles, contratado por la AFIP.

Elisa Carrió y su Coalición Cívica se quedarían sin nada.

El resto de los nombres podrían negociarse para obtener los votos necesarios en el Senado y así aprobarse la ampliación de la Corte Suprema.

Por su parte, Alberto Fernández, ya había anunciado que iba explorar algunas definiciones del Consejo Consultivo (comité de notables) que propusieron varias modificaciones normativas que podrían alivianar el volumen de causas que escalan a la Corte y podrían regular mejor su funcionamiento.

Tribunal “alternativo” de “arbitrariedad” para revisión de sentencias, control estricto de la aplicación del artículo “280” para la desestimación de casos y un arma de doble filo: la imposición de plazos de resolución para evitar la siempre discrecional elección de casos a resolver. ¿El riesgo? Durante la Pandemia, la Corte aprovechó para implementar varias ayudas tecnológicas más allá de la firma digital. Eso implicó un aumento de volúmenes que ha tenido un flujo de 300 sentencias semanales (que incluyen todo el menú de opciones posibles) pero que suman a la estadística. También existe otra certeza cerca de la vicepresidenta que empuja a explorar otros caminos. La comisión no cumplió con lo único que se esperaba que era pronunciarse sobre la ampliación.

Lo cierto es que a la fecha coexisten: proyectos que el Congreso podría discutir en sesiones extraordinarias (o posponerlos); anuncios presidenciales acerca de la redacción de nuevos proyectos de ley referidos al funcionamiento de la Corte que parten de las conclusiones del consejo consultivo.

Pese a ello, todo se encuentra en conversaciones y no están plasmadas en proyectos concretos que puedan trasladarse a materializar los cambios.

Respecto al informe de la Bicameral sobre los desmanejos de la Dajudeco puso de manifiesto dos ejes relevantes cuyas consecuencias van más allá: el primero es que los hallazgos pueden empezar a nutrir las causas que investigan esas maniobras. Entre ellas está la prontamente archivada por el jubilado juez Rodolfo Canicoba Corral por el sorteo que dejó a Martín Irurzun al frente de la Dajudeco.

El juez archivó la causa “hasta tanto nuevos elementos permitan continuar con la investigación”.

Irurzun estuvo inquieto desde la presentación de la Bicameral. Con buen criterio consideró que los cañones ahora sí se dirigirán hacia él. Empujarlo a la jubilación podría despejar un cargo más en la Cámara, fue parte del corrillo que circuló entre los jueces.

El segundo punto es más sensible: y tiene que ver con el sistema de sorteos del “Cuerpo de Peritos Anticorrupción” bajo la órbita de Dajudeco. Se hacía de forma manual, pero también se establecía un “llamativo” (para la Bicameral) sistema de reemplazos de las comisiones asesoras para concursar a los peritos, que la dejaba entonces en cabeza de Ricardo Lorenzetti.

Antes se había dejado vacante el cupo para los ingenieros civiles que ingresaron en una segunda tanda con los procedimientos modificados. En ese segundo grupo, entró el ingeniero civil con especialidad en vías de comunicación Eloy Bona, conocido como “twittero anti K” pero también porque plasmó su particular peritaje en el juicio Vialidad por los supuestos sobreprecios en la obra pública de Santa Cruz, números que coincidían con los datos aportados en una revista.

Fuente: Ámbito.com