Piden juicio político y destitución del gobernador Gerardo Morales

Hace instantes, los abogados Alberto Nallar y Riad Quintar ingresaron en la Legislatura un pedido de juicio político y destitución contra el gobernador Gerardo Morales, tras el polémico proyecto de Ley enviado a ese poder para que suspenda el pago de sentencias judiciales y embargos iniciados contra el Estado provincial.

Alberto Nallar indicó que el pedido es en respuesta al “proyecto de ley que en este momento él está impulsando para declarar la cesación de pago de todas las deudas públicas que están en sede judicial, va a suspender los pagos ordenados por sentencia, lo cual, viola gravemente la Constitución que establece todo un procedimiento para que la provincia pague lo que debe”.

En la misma dirección, el letrado expresó “esta situación de quebranto que él justifica, es una quiebra generada por el propio gobernador a través de un endeudamiento vergonzoso de la provincia para ejecutar obras que han sido contratadas en forma directa, que están suspendidas y que no se han terminado de ejecutar”.

Y agregó “hemos quedado con la deuda y hemos quedado con la carga social de que no se van a pagar las sentencias judiciales, esta es la razón por la cual entendemos que existe una mala administración por parte del gobernador que lo hace inhábil para continuar en el cargo y esta es la razón por la cual hemos pedido la promoción del juicio político”.

Por su parte, Riad Quintar detalló que el juicio político “se basa en la violación de la propiedad privada que tenemos todos los ciudadanos protegidos por los pactos internacionales, protegidos por la Constitución nacional y la Constitución provincial, ya existió una ley similar a ésta que fue declarada inconstitucional y esta ley modifica el Código Civil, modifica la Constitución de la nación y de la provincia”.

Y sostuvo “el gobernador no tiene facultades para generar una ley de estas características, o no tiene, o no la conoces, y si no tiene y no la conoce, lo convierte en un incapaz”, sentenció.

Además, Quintar también consideró “si lo conoce, lo convierte en una persona que no cumple con sus obligaciones y lo hace inhábil para ocupar ese cargo: no puede despertarse un día y decir esta sentencia queda sin efecto, a esta gente no le pago, no le pago al proveedor que le ha dado mercadería a los comedores escolares, no le pago al proveedor que le ha dado mercadería o materia prima para las obras públicas; no le pago a los trabajadores que han hecho juicio por diferencias, no le pago a los trabajadores que han  tenido un accidente, que perdieron vida o que perdieron su pierna o perdieron algún miembro; no le pagó los juicios que vienen durante más de 10 años con sentencia firme, y que además, siguieron los pasos procesales y constitucionales”.

Y explicó “después de la sentencia, esperamos los 90 días que marca la Constitución de la provincia para que puedan ejecutarse, y esperamos también lo que marca la ley 5320 aprobada por esta Legislatura de que se incorporen a las partidas presupuestarias del año subsiguiente de las sentencias”.

“O sea que una sentencia para ser ejecutada se demora no menos de 7, 8, 9, 10 años, hay personas que se mueren esperando que salga la indemnización y hay personas que envejecen y generan una incapacidad por el estrés para poder cobrar lo que el estado le debía pagar” resaltó el abogado.

Sobre la presentación del proyecto formado por Morales, manifestó “de la noche a la mañana presentó una ley que ya ha sido declarada inconstitucional, pareciera que el gobernador no lo sabe, esto lo convierte moralmente inhábil para el ejercicio de la función pública” y agregó que pretender no pagar las sentencias no tiene “fundamento legal, porque existe jurisprudencia, tanto de la Corte de Justicia de la Nación, de la provincia y también de fallos internacionales que esto no se puede hacer”.

“Pretendemos que el Gobernador actúe ajustado a derecho, él como máxima autoridad, debe dar el ejemplo de que las leyes deben cumplirse, y él está para defender los derechos de todos y cada uno de los jujeños, no para violar los derechos de cada uno de los jujeños que tienen un reclamo justo y que él le pretende negar a través de una ley que no tiene ningún sustento legal” concluyó.