El cuestionamiento sobre el funcionamiento del Poder Judicial en Jujuy cruzó los límites de la provincia tras el pedido de intervención realizado por el senador Guillermo Snopek, y hoy, suma un capítulo en la polémica generada, tras la presentación de un pedido de juicio político en contra de Clara Langhe de Falcone por el delito de expropiación de un menor, además por el incumplimiento de los deberes a su cargo e incapacidad en el desempeño de sus funciones.
La presentación fue realizada por el abogado Silvio Cazón, quien señaló que estaba basado en los artículos 203 y 172 de la Constitución Provincial, y enumeró que las causales de juicio político “son por delito, incumplimiento de los deberes a su cargo y por su incapacidad en el desempeño en sus funciones”.
Respecto a las acusaciones contra la magistrada, Cazón subrayó “lo más grave creo que es de todas estas causales es el supuesto delito que la Dra. en su momento incurrió cuando se habla de la apropiación de un hijo, que lo inscribió como propio, como natural, cuando en la ciudad de San Pedro de Jujuy es de público conocimiento que esto no es real” pero eso está en etapa de investigación, que lamentablemente está paralizada desde el año 2007”.
Sobre esta causa, el abogado aclaró “este expediente se encuentra radicado en la Fiscalía de Instrucción N°12 de la ciudad de San Pedro de Jujuy, y en el mismo año, y no sé si en el mismo mes, fue requerido por el director Llelo Sánchez, titular del Ministerio Público de la Acusación, y de ahí el expediente no se lo instó, está en total hermetismo”.
Sin embargo, el denunciante subrayó “que no es la única causa” que tiene la ex titular del Supremo Tribunal de Justicia, aunque manifestó que el de expropiación es la de mayor gravedad. “Estamos hablando que está tipificado en el artículo 138, 139 y 139 bis del Código Penal, es tremenda para una investidura de una jueza”.
Y agregó “más como miembro del Tribunal Superior de Justicia, porque no nos olvidemos, que el STJ es quien representa el Poder Judicial” y cuestionó “como ciudadano pregunto habiendo una funcionaria integrante del STJ, habiendo perdido la credibilidad, la confianza, estando comprometida la dignidad, qué respeto se puede tener hoy en día hacia el órgano judicial”.
En la misma dirección, Cazón reflexionó “nuestra institución (judicial) es está pasando por un tremendo momento en estos últimos cuatro años”, el cual catalogó como “un proceso de crisis” y “digo tremendo porque se ha agravado en nuestros últimos cuatro años, esto viene hace 15, 20 años, tampoco es de ahora, pero en los últimos cuatro años se ha agravado”.
Otro de los puntos sobre los cuales está basado este pedido de juicio político y destitución es por la “inacción y la omisión de la investidura de ella como jueza (y como presidenta del STJ), porque en el caso de la creación del Ministerio Público de la acusación, como ya también hicimos algunos planteos, es algo inconstitucional”.
“En el período donde ella fue presidenta, y en este caso hablo de la función de la superintendencia del órgano judicial, que corresponde netamente al Superior Tribunal, se lo ha delegado a través de una ley” al MPA.
Respecto a esta presentación ante la Legislatura, el abogado señaló “espero que el órgano Legislativo actúe como debería actuar, dentro de lo que es el sistema republicano, donde un poder dice que tiene que detener a otro poder, porque sino vamos a seguir viendo una acumulación poder, donde siempre trae como consecuencia, la violación del ordenamiento jurídico y dónde creo que ningún ciudadano va a tener las garantías respaldadas” finalizó.
Antecedentes
Recordemos, que la magistrada Falcone ya tenía en su haber un pedido de jucio político. El hecho se remonta al 16 de enero de 2017 cuando tomó estado parlamentario el pedido de juicio político a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia de Jujuy , Clara de Langhe de Falcone, en la cuarta sesión extraordinaria de la Legislatura, y fue girado a la Comisión Investigadora.
El pedido de juicio político había sido impulsado por el diputado Juan Manuel Esquivel, del Frente Unidos y Organizados (FUyO), y la diputada por el Parlasur Milagro Sala, quienes presentarón la denuncia contra la magistrada por incumplimiento de los deberes a su cargo al haber incurrido en parcialidad al aparecer como parte de una operación gestada en un estudio jurídico de Buenos Aires con el objetivo de mantener indefinidamente detenida a Milagro Sala, y al haber puesto en cuestión la independencia del poder ejecutivo y judicial, ya que hubo una serie de correos electrónicos entre altos funcionarios judiciales y del estado donde se plantea una estrategia para cuando llegue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la provincia en mayo
En la oportunidad Esquivel destacó que “es un escándalo institucional llegar a la instancia de tener que promover juicio político a un ministro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, en este caso la doctora Clara de Falcone, por entender que estaría incurriendo en falta de imparcialidad en su actuación como magistrada, sino además de haber puesto en puesto en peligro la independencia del Poder Judicial al aparecer como instruida por un asesor del gobernador Gerardo Morales para desarrollar una tarea que le es propia y excluyente”.
La presentación fue a un año de la detención ilegal de la dirigente social Milagro Sala.
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