Se creó en Jujuy una Fiscalía popular para controlar el accionar del gobierno de Morales

Un grupo de ciudadanos impulsan la creación de la “Fiscalía Social anticorrupción”, órgano que tendrá como objeto que el pueblo controle los actos de gobierno. La presentación estuvo a cargo del abogado Alberto Nallar, en el día de ayer, durante una conferencia de prensa en Plaza Belgrano, pese a la lluvia.

Nallar detalló que “vamos a presentar una organización social totalmente apartidaria, todos involucrados por la transparencia de los actos de gobierno, utilizando la herramienta de la ley de derecho de acceso a la información pública”.

El abogado, fue uno de los detenidos por manifestarse en contra de la reforma parcial de la Constitución, cumpliendo prisión domiciliaria por 30 días, entre junio y agosto acusado de sedición por haber incitando a los cortes de ruta que se realizaron en la quebrada y puna, además de ser sindicado de alentar a las comunidades originarias a rechazar la Reforma de la Constitución. La detención del letrado fue repudiada tanto por organismos de derechos humanos de la provincia, como de nación.

Es por ello que Nallar, tras los hechos que desataron la aprobación de la reforma parcial de la Constitución a espaldas del pueblo, sostiene que “el atropello institucional por la sanción de la reforma hubo un proceso de resistencia de sectores populares más desfavorecidos del pueblo. Frente a las humillaciones a las que fueron sometidos llamados delincuentes, todas las organizaciones de derechos humanos están trabajando en Jujuy. La iniciativa fue crear un órgano de control a los representantes del pueblo porque son ellos los que se levantaron contra el pueblo”.

Asimismo, Nallar señaló que “el derecho a la protesta no se garantiza en Jujuy y el gobierno califica a la protesta como delito buscando actitudes de disciplinamiento a la sociedad” consideró el abogado e interpreta que “esas situaciones han generado una conciencia social y se demostró en las elecciones de agosto, donde perdió votos de mayo a agosto”, en relación a los 100 votos menos que cosechó Morales en las PASO.

Así y ante todos los graves hechos de violencia institucional que se han registrado en la provincia, un grupo de ciudadanos decidieron impulsar la creación de la Fiscalía social para una real transparencia de los actos de gobierno, apoyándose en la ley de acceso a la información.

La Ley Nº 5886 “Derecho de acceso a la información pública” establece en su primer artículo que toda constancia en documentos escritos, fotográficos, sonoros, audiovisuales, que obre en poder de las instituciones o que sirva de base para una decisión de naturaleza administrativa.

En los otros artículos expresa que toda persona, física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a requerir, buscar, difundir, acceder y recibir información pública en forma completa, veraz, adecuada y oportuna. El derecho se ejerce de manera gratuita, sin asesoramiento jurídico, ni patrocinio letrado, ni justificación de causas. El derecho regulado en esta Ley es un derecho humano fundamental en sí mismo y como tal, no puede ser objeto de restricciones que le resten eficacia o de interpretaciones que lo limiten.

Es por ello que Nallar indicó que “si los funcionarios están tranquilos, seguramente podremos acceder a la información”.

Por otra parte, el acta de creación de la Fiscalía Social Anticorrupción argumenta que de acuerdo a los artículos 33 y 37 de la Constitución Nacional la soberanía reside en el pueblo y el origen de este órgano se consagra bajo el artículo 22 de la Constitución Nacional, donde se expresa que el pueblo soberano no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes.

“Los representantes del pueblo deben actuar dentro de los límites de la ley y en aras del bien común, resultandos responsables ante la Justicia y el Pueblo por cualquier irregularidad cometida en el ejercicio de sus funciones.  A los fines de hacer efectivo el control de los actos de gobierno y la responsabilidad de los representantes del pueblo” finalizó el abogado Nallar.

La organización de la Fiscalía avanzará en su conformación con una junta, para que en asamblea decidan los pasos a seguir.