Se creó la comisión que investigará la violencia institucional en Jujuy en el marco de la reforma (in)constitucional

Mientras que la Corte Suprema de Justicia continúa sin tratar el pedido de las comunidades del Tercer Malón de la Paz para que declare inconstitucional los cambios realizados en la Carta Magna jujeña, el gobierno nacional oficializó la creación de la comisión que investigará la violencia institucional en la provincia durante las manifestaciones que salieron a rechazar la reforma.

A través del decreto presidencial Nº 435 que fuera publicado ayer en el Boletín Oficial, quedó conformada la “Comisión de Recepción y Análisis de denuncias sobre violencia institucional en la provincia de Jujuy, la que funcionará en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y que estará integrada por un mínimo de cinco (5) y un máximo de siete (7) representantes”, detalla en su primer artículo.

Respecto a su conformación, la comisión estará coordinada por el Director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos y estará integrada por “el citado funcionario, la titular de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales en Materia de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos de la citada Secretaría y por los expertos de reconocida trayectoria en materia de derechos humanos, quienes serán designados por el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos”.

La tarea de esta delegación será.

·         Receptar las denuncias de abuso de autoridad, hostigamiento, persecución y demás casos de violencia institucional cometidos por la fuerza policial provincial contra manifestantes durante y después de la protesta contra la reforma constitucional de la PROVINCIA DE JUJUY.

·         Recopilar las observaciones formuladas por los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (ACNUDH), relativas a la actuación de la fuerza policial provincial durante las protestas llevadas a cabo por las diversas organizaciones sociales, sindicales, comunidades indígenas y demás ciudadanos en la PROVINCIA DE JUJUY.

·         Elaborar un Informe que será puesto en conocimiento del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN y de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, conjuntamente con las recomendaciones que aseguren el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado Nacional en los Tratados y Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos.

Para ello, tendrá un plazo de 60 días.

Acompañado por las firmas del Jefe de Gabinete nacional, Agustín Rossi y el ministro de Justicia y Derechos Humanos Martín Soria, la creación de esta comisión busca el Estado provincial cumpla y respete con los derechos humanos, puesto que la violación de los mismos podría implicar responsabilidad internacional para el Estado argentino.